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LAB anuncia un "otoño caliente" si Educación plantea futuros recortes

El sindicato LAB ha pedido al Gobierno Vasco que deje de tomar decisiones unilaterales y exige que destine a Educación el 6% del PIB.
Una aula de un centro escolar.
LAB propone un nuevo convenio escolar. Foto: EFE.

El sindicato LAB ha anunciado este lunes "un otoño caliente", para el próximo curso escolar, en la defensa de "los derechos del personal y de las necesidades del alumnado", y en contra de futuros recortes en los centros educativos dependientes del Gobierno Vasco, contra los que utilizará "todas las herramientas de lucha para obligar a que el Departamento de Educación deje de tomar decisiones de forma unilateral".

Representantes del sindicato han realizado este anuncio durante la celebración en la plaza del Arriaga de Bilbao de un foro de profesores de centros educativos dependientes de la administración vasca, donde han hecho el balance del curso actual y presentado los retos de cara al siguiente.

Los intervinientes, que han llevado a cabo una comparecencia pública en la plaza del teatro Arriaga, han señalado que "frente a un Departamento de Educación cerrado a la negociación, LAB responderá con todas las herramientas a los recortes anunciados para el próximo curso".

De cara a septiembre, LAB ha exigido, entre otros aspectos, que se van a tener que "atender muchas necesidades del alumnado, ya que éste ha visto interrumpido su proceso de aprendizaje desde marzo" durante este curso "especial". En ese sentido, "con el fin de adaptarse a las necesidades tanto emocionales como pedagógicas del alumnado, ahora es más necesario que nunca adaptar los currículos y las metodologías, así como una reducción de ratios por etapas y aulas para poner en el centro al alumnado y su diversidad".

Desde el Foro de Enseñanza del sindicato han reclamado de cara al próximo curso "recursos económicos, personales, materiales y formativos y trabajar por una Escuela Vasca pública, feminista, laica, justa, gratuita, sostenible y comunitaria".

En ese objetivo, desde LAB han anunciado estar "dispuestos a utilizar todos los instrumentos de lucha a su alcance para que el Departamento de Educación del PNV deje de tomar decisiones de manera unilateral" y seguirán exigiendo al Gobierno Vasco que invierta en Educación, cuyo presupuesto debe ser como mínimo del 6% del PIB", han añadido.

Asimismo han remarcado que, "si el sindicato tuviera que evaluar la gestión del Departamento de Educación, utilizando los parámetros que tanto les gustan, tendríamos que suspender a Cristina Uriarte y a su equipo" y han añadido que, "con el fin de que no repitan, el próximo curso nos disponemos a responder a los ataques que puedan venir".

A juicio de LAB, desde el inicio del curso y hasta octubre, el Departamento de Educación "vulneró los derechos del alumnado y los trabajadores, al no cubrir las sustituciones, y ya en las primeras semanas del curso hubo que salir a la calle y empezar a movilizarse.

Nuevo convenio laboral

Tras recordar sus prioridades en materia de negociación, que incluyen "reducciones horarias por edad, puestos administrativos, modelos de oposición agotados, una solución digna para el profesorado técnico y una reducción de ratios", el sindicato ha recordado que se han empezado a dar pasos para elaborar un nuevo convenio laboral".

En este contexto, desde LAB han acusado al Gobierno Vasco y al PNV de, en la actual coyuntura provocada por la pandemia, posicionarse "claramente a favor de Confebask, acatando sus intereses y dejando de lado a los representantes de los trabajadores".

En ese sentido, han afirmado que, durante esta pandemia, "cada ocurrencia anunciada por la administración autonómica vasca ha sido un interesantísimo ejercicio de teatro e improvisación para preparar las elecciones del 12 de julio", y "quieren vendernos una nueva normalidad de cara a las elecciones, y, por si fuera poco, empiezan a hacer recortes bajo el pretexto de que, después de la crisis sanitaria, viene otra económica".

Sin embargo, desde LAB han manifestado tener "claro que, la factura de la crisis, la tiene que pagar el capital, porque es inaceptable y muy grave ver cómo Lakua quiere ahorrarse dinero reduciendo el derecho a aprender euskera o el servicio de comedores y sus plantillas" cuando, desde su punto de vista, "la educación, los derechos de los trabajadores, las necesidades del alumnado, el apoyo al euskera y la alimentación no están en venta".

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