El PNV se abstendrá en el decreto de las eléctricas y EH Bildu lo apoyará "aunque no sea la solución"
El PNV se abstendrá en la votación en el Congreso del decreto de las eléctricas que intentará controlar el precio del recibo de la luz y reducir los "beneficios extraordinarios" de las empresas eléctricas, e insiste en la necesidad de que se corrija para evitar "poner en riesgo a la industria". Por su parte, EH Bildu lo apoyará, pese a que contiene "medidas temporales y coyunturales" que, en su opinión, no solucionan el problema de fondo.
Durante el debate para la convalidación en la Cámara baja del decreto Ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, la diputada jeltzale Idoia Sagastizabal ha anunciado la abstención de su grupo.
Sagastizabal ha insistido en que la medida debe corregirse para evitar "poner en riesgo a la industria", y se ha mostrado favorable a "revisar y rediseñar" el mercado eléctrico y el sistema marginalista de fijación de precios.
La portavoz del PNV en materia energética ha valorado "las implicaciones" que el decreto supone para las personas consumidoras, pero ha mostrado su preocupación por la repercusión que tiene en la industria en un contexto de recuperación económica. "Además de a los consumidores, hay que proteger a la industria, porque esta es imprescindible si queremos garantizar la recuperación económica, el empleo y la inversión", ha señalado.
En este contexto, ha sido crítica con "la polarización y simplificación" del debate. Por ello, ha defendido que haya una "solución dialogada y acordada entre el Gobierno y las empresas" para que la minoración de beneficios planteada a las eléctricas no repercuta en la industria, como ha sucedido ya con Sidenor.
Matute (EH Bildu): "Podemos ceder al chantaje de las eléctricas o hacerlas frente"
Por su parte, EH Bildu ha anunciado apoyará el decreto para recortar los beneficios extraordinarios de las eléctricas, pese a que contiene "medidas temporales y coyunturales" que no solucionan el problema de fondo.
El diputado de la coalición soberanista Oskar Matute ha considerado que este decreto "es el suelo mínimo exigible". "No puede ser rebajado aún más, por mucho que algunos pidan cambios de última hora con el objetivo beneficiar a las eléctricas", ha asegurado.
Según ha indicado, hay quien "insinúa" que recortar los beneficios de las eléctricas "puede hacer caer al Gobierno". En su opinión, "lo que puede hacer caer al Gobierno es que se siga dejando a las eléctricas ganar todo el dinero que quieran a costa de las clases populares".
Matute ha criticado que las eléctricas, "esas que han ganado más con la covid que sin ella", optan a 58 000 millones de euros de los fondos europeos. "¿De qué tienen que recuperarse quienes no han perdido nada sino que han ganado más?", se ha preguntado. Frente a ello, ha dicho que existen dos opciones, o "ceder al chantaje" o "hacerlas frentes con políticas claras", postura por la que apostará la coalición soberanista.
Ribera anuncia medidas para paliar el coste para la industria
En su defensa del decreto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado el Gobierno español no quiere aplicar el recorte de beneficios extraordinarios a las eléctricas por la escalada de precios en el gas cuando suministren energía a las industrias a "precios razonables".
Concretamente, ha afirmado que el objetivo es no aplicar este recorte a "quienes garanticen 'exnovo' precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas", con el fin de "impulsar la cobertura de precios razonables para la industria".
Antes, la vicepresidenta ha anunciado su intención de "completar" este plan de choque "en las próximas semanas" con "medidas adicionales que garanticen la cobertura con contratos bilaterales y precios razonables precios a la escalada para los consumidores industriales" y también "reforzar la posición" de aquellos consumidores vulnerables acogidos al bono social.
Asimismo, Ribera ha incidido en que "las previsiones de septiembre (cuando se aprobó este decreto ley) han quedado desfasadas", algo que "obliga a revisar medidas adoptadas ya" y "adaptarlas".
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