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Piden al Gobierno y al Parlamento de Navarra que se opongan a los nuevos recortes de la reforma de pensiones

En una manifestación llevada a cabo este lunes, las y los pensionistas han solicitado a ambas instituciones un posicionamiento activo contra la privatización del Sistema Público de Pensiones; el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria se manifestará este jueves frente al Parlamento Vasco.
Imagen de archivo de una protesta anterior de pensionistas en Pamplona
Imagen de archivo de una protesta anterior de pensionistas en Pamplona. Foto: EFE.

Un centenar de pensionistas se han manifestado este mediodía en Pamplona para pedir al Gobierno y el Parlamento de Navarra un posicionamiento activo contra los nuevos recortes incluidos en la reforma de pensiones, en fase de negociación, y la privatización del Sistema Público de Pensiones. En Bilbao, mientras tanto, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria se ha concentrado ante el Ayuntamiento, y ha anunciado que este jueves se va a manifestar frente al Parlamento Vasco, en Vitoria-Gasteiz.

La movilización de Pamplona, convocada por las Asociaciones de Pensionistas Oneka, Nafarroako Pentsionistak Martxan y Sasoia, ha comenzado con la habitual concentración de los lunes frente al Ayuntamiento, y ha discurrido frente a la sede del Gobierno Foral y el Parlamento, donde han entregado un escrito con sus principales reclamaciones.

En declaraciones a los medios, el portavoz del colectivo de pensionistas en Navarra, Benito Uterga, ha criticado que "las medidas que se están planteando ahora lo que hacen es ir a debilitar más el sistema público de pensiones, no a reforzarlo".

"Con la verborrea de que se quiere garantizar a largo plazo el sistema público de pensiones", han aplicado ya varias reformas que han hecho que estas sean "cada vez más insuficientes", ha denunciado.

Según ha comentado, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es "muy partidario de profundizar en la reforma de Zapatero, y eso va a suponer una reducción mucho más fuerte de las pensiones iniciales, independientemente de que luego se plantee el IPC", pues el problema, ha dicho, está en la cantidad con la que se accede a la pensión inicial.

Ante esto, ha indicado Uterga, exigen "la derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013", que "están penalizando las pensiones a las personas que acceden" al sistema, "con importantes pérdidas de poder adquisitivo", así como "una pensión mínima suficiente de 1080 euros, como recomienda la Carta de Derechos Sociales de la Unión Europea".

Ha aludido, también, a la necesidad de establecer un salario mínimo de 1200 euros, y de que la Seguridad Social se haga cargo solo de los gastos que le corresponden.

Asimismo, el movimiento de pensionistas ha pedido acabar con los recortes en prestaciones y servicios que conllevan efectos negativos en el ámbito sanitario y sociosanitario de atención a la dependencia, y una política de producción y comercialización de la energía de carácter público, que garantice a la ciudadanía el acceso a un servicio de primera necesidad.

Movilización ante el Parlamento Vasco, el jueves

En paralelo, en Bilbao, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha anunciado que se movilizará este próximo jueves, 28 de octubre, en Vitoria-Gasteiz, frente al Parlamento Vasco. Como todos los lunes desde hace más de tres años, el colectivo se ha concentrado frente al Ayuntamiento de la capital vizcaína.

"Las reivindicaciones que desde hace más de tres años venimos reclamando en la calle no pueden esperar ni un día más. Demandamos derogar los recortes de las reformas de pensiones de 2011 y 2013; derogar sin apaños el factor de sostenibilidad y los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados; pensión mínima de 1080 euros y medidas para acabar con la brecha de género en salarios y pensiones", han indicado las y los pensionistas.

En su opinión, garantizar el sistema público de pensiones requiere derogar la reforma laboral de 2010 y 2012, crear empleo de calidad, establecer un SMI de 1200 euros y reducir la jornada de trabajo, para repartir el trabajo y la riqueza.

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