El Congreso aprueba la Ley del Ingreso Mínimo Vital con el apoyo de ERC y EH Bildu
El Pleno del Congreso ha puesto fin a la tramitación de la Ley por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ha sido aprobada con los votos de los dos partidos que forman el gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos), así como Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu.
Los votos en contra han llegado desde el PP, PNV, BNG, Foro Asturias y PDeCAT, mientras que Vox, Ciudadanos, Junts, Más País y Comprimís han decidido abstenerse en esta votación.
Varios grupos han variado el sentido de su voto tras su paso por la Cámara alta. El PNV, que en la primera fase de tramitación en el Congreso votó a favor, y ahora se mostrado en contra, algo que también ha hecho el PP. Del mismo modo, Ciudadanos y Compromís, que estaban a favor en la primera fase del trámite, ahora han decidido abstenerse.
Y es que, en su paso por el Senado, se ha eliminado del texto la disposición final sexta —incluida en la tramitación en el Congreso— para la creación de un fondo específico para sufragar los gastos de gestión que el IMV supone para los ayuntamientos, con el objetivo de que las cuantías correspondientes se transfirieran periódicamente a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Pero el mayor cambio en el contenido de esta norma, con respecto al decreto del Gobierno español aprobado en junio de 2020, es la inclusión de una ayuda por hijo/hija a cargo de entre 50 y 100 euros mensuales para las familias que se beneficien de la prestación.
Además, esta prestación también llegará a familias en situación de pobreza que no cumplan con los requisitos para recibir el IMV. En concreto, se dará a familias con hasta el triple de renta que marca el acceso al ingreso mínimo vital y con un "patrimonio neto sea inferior al 150 % de los límites fijados".
Otras de las novedades incluidas en el texto es una mejora de la cuantía, del 22 %, del Ingreso Mínimo para aquellos hogares que cuenten entre sus miembros con una persona con una gran discapacidad, es decir, con una discapacidad reconocida "igual o superior al 65 %".
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