El Gobierno Vasco actualizará a 27 125 euros los ingresos para acceder a VPO, debido a la inflación
El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes actualizará los ingresos máximos para poder acceder a una VPO de venta o alquiler, con el objetivo de adaptarse a la nueva realidad económica.
El consejero Iñaki Arriola ha dado a conocer esta modificación durante el pleno de control parlamentario al Gobierno Vasco, sesión en la que ha recordado que el contexto de inflación tras la pandemia y la guerra de Ucrania "puede afectar negativamente y dejar fuera del sistema a personas y familias cuya economía no ha mejorado".
Los niveles de ingresos para estar dado de alta en Etxebide se calculan utilizando la declaración del IRPF y aplicando un factor corrector en función de las características de la unidad convivencial. Si los ingresos ponderados máximos se superan, se pierde la posibilidad de acceder a una VPO.
Arriola ha señalado que el objetivo es "evitar escenarios injustos que podrían expulsar del sistema de protección social a muchas personas a causa de la inflación".
Por ejemplo, se puede dar la situación de que una persona demandante de una VPO vea incrementado su salario por debajo del incremento del IPC y que, aunque su poder adquisitivo real se ha resentido al crecer los precios más que su sueldo, rebase los límites de la normativa y no pueda acceder a una vivienda protegida.
El consejero ha explicado que los límites en vigor se basan en la normativa de 2011 y que no ha sufrido ajustes reseñables debido a la estabilidad en esta materia en los últimos años. Dada la situación actual, ha anunciado que la actualización se recogerá en la disposición final del futuro decreto de Derecho Subjetivo a la Vivienda, que será aprobado en las próximas semanas.
La norma recoge que, excepcionalmente, en el momento de aprobación del decreto, se realizará una actualización del 8,5 %. Así, el límite de ingresos máximos pasará de 25 000 a 27 125 euros en el caso de una vivienda de protección social de alquiler, de 39 000 a 42 315 para quienes opten a una VPO de régimen general en arrendamiento o compra y de 50 000 a 54 250 euros en el caso de viviendas tasadas.
Asimismo, el decreto, cuya aprobación está prevista para las próximas semanas, establece un mecanismo de ajuste cada 1 de enero en función del IPC.
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