El Parlamento griego aprueba una ley contra la crisis humanitaria

El Parlamento griego ha aprobado la ley contra la crisis humanitaria, la primera norma que consigue sacar adelante el Gobierno de Alexis Tsipras y que tiene un gran simbolismo por ser uno de los puntos claves del programa electoral de Syriza.

La ley contó con el respaldo de la mayoría de los partidos, con excepción del centrista To Potami (El Río) y de los comunistas del KKE, cuarta y quinta fuerza parlamentaria, que se abstuvieron.

Los conservadores de Nueva Democracia y los socialdemócratas de Pasok aprovecharon sus discursos para reprochar al Gobierno que no haya presentado en el Parlamento el acuerdo que alcanzó con el Eurogrupo el pasado 20 de febrero.

Según datos de la agencia de estadísticas griega Elstat, a mediados de 2014 un 23,1 % de la población griega vivía por debajo del umbral de la pobreza y la pobreza infantil llegaba al 28,8 %.

Unos dos millones y medio de personas tenían ingresos anuales inferiores a 5.023 euros y había familias que vivían con menos de 10.547 euros al año.

Las medidas que recoge la ley contra la crisis humanitaria tienen como objetivo ayudar a los hogares que viven en estado de extrema pobreza.

Incluyen cupones de comida que los beneficiados podrán utilizar en establecimientos determinados, electricidad gratuita hasta un máximo de 300 kilovatios hora al mes para los miles de hogares que actualmente viven sin luz o se han conectado ilegalmente a la red y ayudas al pago del alquiler para 30.000 hogares durante un año.

También se prevé ofrecer cobertura médica completa a todos los ciudadanos que le han perdido en los últimos años.

Alrededor de tres millones de griegos, en un país con cerca de once millones de habitantes, se han quedado sin acceso al sistema público de salud a causa de la crisis.

Se trata no solo de desempleados de larga duración, sino también de pequeños empresarios y trabajadores autónomos que suspendieron su actividad.

El Gobierno calcula que el coste de estas medidas asciende a 200 millones de euros, que se cubrirán reduciendo los gastos de la administración pública.

La ley incluye además como enmienda una amnistía fiscal para los que tienen deudas con Hacienda, de forma que las puedan abonar hasta el 27 de marzo en un solo tramo sin hacer frente a los intereses y a las sanciones correspondientes.

El Gobierno ha introducido esta enmienda para tratar de mejorar de inmediato la liquidez de las arcas públicas, pues los ingresos del Estado en los dos primeros meses del año presentan un agujero de más de 1.000 millones de euros respecto a los presupuestos aprobados el pasado diciembre.