Los rohinyás: el pueblo musulmán sin tierra y sin derechos
Los rohinyás son una minoría étnica musulmana de 1,1 millones de personas que viven en el estado de Rakáin, en Myanmar. La población rohinyá está principalmente concentrada en dos municipios de Rakáin limítrofes con Bangladesh.
Aunque viven en Myanmar desde hace generaciones, el gobierno de ese país insiste en que todos los rohinyás son inmigrantes ilegales de Bangladesh y, por tanto, no los reconoce como ciudadanos.
Según un informe de Amnistía Internacional, viven en condiciones deplorables debido a la discriminación sistemática. Están prácticamente segregados del resto de la población, no pueden circular libremente y tienen un acceso limitado a la asistencia médica, la escuela y el empleo.
También les prohíben casarse, tener más de dos hijos o viajar sin permiso de las autoridades y no tienen derecho a poseer tierra ni propiedades.
Los rohingya forman cerca de 5% de los 60 millones de habitantes de Myanmar, pero el origen de este pueblo sigue siendo extensamente debatido.
Ellos afirman que son indígenas del estado de Rakáin, conocido antiguamente como Arakan, pero otros señalan que son migrantes musulmanes que se originaron en Bangladesh y emigraron a Myanmar durante la ocupación británica.
Desde 1948, cuando se independizó el país, han sido víctimas de tortura, negligencia y represión.
En los últimos años, después de haber sido gobernado por una junta militar por más de medio siglo, Myanmar vive una transición hacia la democracia y mejoras sociales que muchos han elogiado. Sin embargo, la situación no parece haber mejorado para los rohinyás.
En junio y octubre de 2012, dos olas de violencia dirigidas por grupos extremistas de la mayoría budista en Rakáin provocaron unos 140 muertos, cientos de casas y edificaciones musulmanas destruidas y unos 100.000 desplazados.
La última ola de personas refugiadas en Bangladesh es consecuencia de la respuesta militar de Myanmar a un ataque cometido el 25 de agosto de 2017 por un grupo armado rohinyá contra retenes de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, Amnistía Internacional denuncia que la respuesta militar "es ilegítima y totalmente desproporcionada, ya que trata a toda una población como enemiga".
"La información que llega del terreno describe la muerte de civiles y pueblos enteros quemados hasta los cimientos", advierte.
Por su parte, el Gobierno de Myanmar reconoce que, desde el pasado 25 de agosto, al menos 400 personas han muerto.
Entre tanto, los rohinyás siguen con el éxodo y ya son más de 400.000 los que han huido a Bangladesh.
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