Álvaro Uribe, bajo arresto domiciliario por riesgo de obstrucción a la justicia

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ha ordenado poner bajo arresto domiciliario al expresidente Álvaro Uribe en el marco del caso abierto contra él por supuesto fraude procesal y soborno de testigos, en lo que supone la primera vez en la historia del país en la que se impone una medida así a un antiguo jefe de Estado.

Los cinco magistrados que integran el organismo han fallado a favor de la "detención preventiva en su domicilio" de Uribe, por riesgo de obstrucción a la justicia.

"La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria", ha indicado el propio Uribe a través de su cuenta en la red social Twitter.

Por su parte, el actual mandatario colombiano, Iván Duque, ha afirmado que es y será "siempre" un "creyente en la inocencia y honorabilidad" de Uribe, de quien ha dicho que "se ha ganado un lugar en la historia de Colombia".

"Durante sus dos Gobiernos, nuestro país recuperó la seguridad, se puso a Colombia en el ojo de la inversión y se avanzó en la justicia social. Con sentido de legalidad, Uribe se enfrentó al narcotráfico, el terrorismo y a los regímenes totalitarios de América Latina", ha continuado.

En este sentido, ha criticado que, "producto de su lucha", tanto Uribe como su familia "han sido víctimas de todo tipo de ataques y difamaciones, de todo tipo de epítetos y de todo tipo de acusaciones".

El senador colombiano, cuya figura divide al país, tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, en su mayoría vinculados a grupos paramilitares.

De hecho, el proceso contra Uribe comenzó cuando el exmandatario inició un proceso jurídico contra el exsenador del izquierdista Polo Democrático Iván Cepeda al acusarle de tener presuntos lazos con paramilitares.

Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio expresidente, después de que el tribunal no hallara responsabilidad de Cepeda.

Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a exparamilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que desmovilizó en su Gobierno en 2006.

Estos grupos paramilitares están acusados de cometer las peores violaciones a los Derechos Humanos en medio del conflicto interno de más de medio siglo que dejó 220 000 muertos y de estar activamente vinculados con el narcotráfico.