Perú, a la expectativa de la liberación del expresidente Alberto Fujimori

El Perú ha quedado en compás de espera de la liberación del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó su libertad inmediata en restitución del indulto recibido en 2017.

Según las previsiones, abandonará la cárcel este miércoles. El expresidente peruano alude a sus 85 años de edad y delicado estado de salud para argumentar que debe purgar el resto de su pena fuera de la cárcel.

Ayer, el TC ordenó la puesta en libertad de Fujimori (1990-2000), a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dictaminó lo contrario el año pasado.

Desde que se conociera la noticia, los partidarios de Fujimori esperan con gran entusiasmo la salida del exmandatario (1990-2000) en la puerta del penal de Barbadillo, mientras que los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las que el exgobernante fue condenado, han protestado por el fallo del TC en los exteriores del Palacio de Justicia.

El caso de Fujimori se remonta a diciembre de 2017, cuando el entonces presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le concedió un indulto humanitario que, sin embargo, fue revocado por la Justicia apenas unos meses más tarde, en verano de 2018. Se abrió entonces un pulso judicial cuyo cierre parece ahora definitivo.

En abril de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó que quedara sin efecto la medida de gracia y "estableció las razones por las que el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto 'por razones humanitarias' en cumplimiento de los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta".

La Corte IDH pide que no se libere a Fujimori

Precisamente, este organismo ha solicitado a las autoridades de Perú que se abstengan de ejecutar por ahora la sentencia del Tribunal Constitucional hasta examinar en detalle dicho fallo, con el objetivo de estudiar básicamente si cumple con los criterios establecidos en 2022.

Considera que debe evitarse a toda costa que se produzca "un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia" de las citadas víctimas.

"Estamos sumamente sorprendidos", ha declarado el abogado de las víctimas, Carlos Rivera, para remarcar que, con esta resolución, "el Estado peruano se coloca en la lista de los estados que manifiestamente han decidido incumplir una sentencia de un tribunal internacional".

Además de su condena a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350 000 mujeres y 25 000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.