Claves del pacto de la UE sobre migración y asilo: más control, solidaridad a la carta y cuotas de reparto

El Parlamento Europeo y los 27 estados miembros han llegado este miércoles a un acuerdo para un nuevo Pacto de Migración y Asilo tras años de negociaciones en los que uno de los caballos de batalla era la exigencia de los países del sur de una solidaridad obligatoria en el reparto de las cargas por parte de todo el club comunitario, con el argumento de sus fronteras exteriores son las de todos, ante la resistencia de parte los estados del norte y el este.

El nuevo reglamento de migración y asilo establece un mecanismo de solidaridad obligatoria para los Veintisiete que parece atender las demandas de los países de la frontera exterior de la UE, con algunas novedades y también matices. Estas son algunas de sus claves:

¿Qué esfuerzo se reparte?

Los Veintisiete se comprometen a reubicar en otros países a un mínimo de 30 000 solicitantes de asilo, refugio o protección internacional por sus circunstancias personales de especial vulnerabilidad. La UE distingue siempre este colectivo de los que huyen de la pobreza o solo buscan prosperar ("migrantes económicos"), para los que su respuesta sigue siendo la devolución en frontera o la posterior expulsión a su país de origen. El reglamento fija además un presupuesto para atender esa solidaridad: 600 millones euros.

¿Están todos los países obligados a acoger?

No. La solidaridad es obligatoria, pero a la carta: cada país puede escoger entre acoger o pagar una cuota económica. Y también puede optar por una combinación de las dos fórmulas.

¿Cómo se reparte la solidaridad?

A cada país se le asignará una cuota de solidaridad en materia de asilo y protección internacional que en función de su población y su producto interior bruto. Ambas variables ponderarán por igual.

¿Qué ocurre con casos como los de Canarias o Lampedusa?

Si un estado miembro alega que afronta una afluencia excepcional de migrantes que colapsa su sistema nacional de asilo, aunque esté muy localizada en una región o isla (como ocurre hoy en España con Canarias o en Italia con Lampedusa), se establecerán mecanismos excepcionales de solidaridad con él, obligatorios. Y se le eximirá total o parcialmente de sus obligaciones con respecto a los demás.

¿Y si un país externo instrumentaliza a los migrantes para intentar desestabilizar a la UE?

En mayo de 2021, 8000 inmigrantes cruzaron la frontera de Ceuta en apenas tres días ante la pasividad de la gendarmería de Marruecos y las quejas de España (y la propia UE), en plena crisis diplomática entre Madrid y Rabat. Si un caso así se diera de nuevo en las fronteras de la UE, los Veintisiete han acordado habilitar excepciones a los procedimientos de asilo y frontera. Eso sí, teniendo en cuenta siempre, y de forma individual, a los niños de menos de 12 años, las familias y las personas vulnerables.

¿Qué ocurre con los rescates en el mar?

Los reglamentos prevén que aquellos países que más responsabilidades internacionales asumen en búsqueda y rescate (SAR) en el mar verán reconocido su esfuerzo en forma de un porcentaje adicional a la solidaridad a la que tienen derecho. España es responsable de la seguridad de 1,5 millones de kilómetros de mar, el triple de su superficie como país. Un millón de kilómetros cuadrados de su zona SAR está en el Atlántico, desde Canarias hasta Mauritania.

¿Qué país tiene que tramitar la petición de protección?

De nuevo, en este apartado los países frontera venían quejándose reiteradamente del sobresfuerzo que soportan, porque la mayoría de las peticiones de asilo o protección se presentan en el país por el que la persona ingresó en Europa y porque el Tribunal de Justicia de la UE ha prohibido expulsar a los solicitantes de asilo mientas se tramita su expediente, lo que ha disparado las peticiones como medida de "seguridad" para que no les devuelvan de inmediato, como señala la Fiscalía General del Estado de España en su última memoria.

Ahora el procedimiento de solicitud de protección internacional será común a todos los estados miembros y puede que no lo tramite el país de primera recepción. El solicitante no podrá elegir a qué país lo dirige, pero cabe asignar esa responsabilidad a cualquier estado miembro teniendo en cuenta factores como si el solicitante tiene parientes en él, si ha estudiado en su territorio o si habla su lengua oficial (una parte significativa de las personas que llegan en patera o cayuco a España proceden de países francófonos y cuentan con familia en otros estados europeos).

¿Qué ocurre con los menores?

Las ONG temen que queden más desprotegidos, por decisiones como la de rebajar de 12 a seis años la edad a partir de la cual serán sometidos al mismo procedimiento de identificación policial que los adultos (incluyendo toma de huellas y fotos del rostro).

Los acuerdos estipulan que el mejor interés del menor será criterio primordial en esos procedimientos y que los menores siempre tendrán derecho a pedir protección internacional.