Los técnicos constatan un 'agravamiento' de los riesgos en el gaztetxe Maravillas

El Gobierno de Navarra ha constatado este martes en el Palacio del Marqués de Rozalejo, actualmente el gaztetxe Maravillas, un "agravamiento" de los riesgos que habían sido detectados el pasado mes de agosto.

En el informe emitido por los técnicos se ha constatado, entre otras cuestiones, que la instalación eléctrica tiene un enganche ilegal en fachada realizado al trenzado de la compañía de distribución, según informa el Gobierno en un comunicado.

Los técnicos, acompañados por agentes de la Policía Foral, han accedido al interior del inmueble ocupado. En el gaztetxe no había nadie, según el Gobierno.

Miembros del gaztetxe han denunciado que los agentes han sacado objetos y que se trata de un "desalojo encubierto". Precisamente, un centenar de personas se han manifestado en contra de lo sucedido y la Policía Nacional ha cargado contra los jóvenes. Varias personas han resultado heridas.

La abogada María Ortega y dos de los jóvenes que están siendo investigados por la ocupación del Palacio Marqués de Rozalejo han intentado esta tarde volver a entrar en el gaztetxe, pero la Policía se lo ha impedido.

Antes de intentar entrar en el edificio, la abogada ha señalado a los medios de comunicación que, como la consejera Ana Ollo ha señalado que no ha habido un desalojo, iban  a tratar de acceder al gaztetxe para confirmar esa afirmación.

"Entendemos que Policía Foral nos va a dejar al espacio, puesto que, según dicen los propios políticos del Gobierno de Navarra, no ha habido un desalojo", ha destacado.

Sin embargo, al llegar a las inmediaciones del palacio, ubicado en la plaza Navarrería de Pamplona, la Policía Nacional les ha informado de que no podían cruzar el perímetro de seguridad, por lo que no han podido acceder al edificio.

Posteriormente, la abogada ha denunciado que "la conclusión que tenemos es que es un desalojo claro y que el Gobierno de Navarra nos está mintiendo diciendo que esto no es un desalojo. No nos dejan pasar, son dos personas denunciadas por estar en ese edificio y no pueden volver a ese edificio".

"Por lo tanto, sí que podemos concluir que esto es un desalojo, haya dicho lo que haya dicho la señora Ana Ollo", ha indicado.

Confirman las obras realizadas en el interior

En el informe emitido por los técnicos se indica que tras una primera inspección visual del edificio se observa que "persisten los mismos riesgos ya descritos de manera somera en el informe del servicio de Patrimonio de fecha 20 de agosto de 2018, constatando el agravamiento de los mismos", según informa el Gobierno en un comunicado.

Así, según indican, se constata que se realizan actividades de reunión, cine y bar dentro del edificio, en cuyo interior se han realizado obras.

Igualmente se observa que se ha ampliado la instalación eléctrica y en ese sentido se detalla que "tiene un enganche ilegal en fachada que se ha realizado al trenzado de la compañía de distribución".

El enganche pasa por dos fusibles en fachada desde los que se acomete a cuadros sin protecciones diferenciales, según el informe que añade que la instalación eléctrica discurre "desordenada por todo el edificio, con secciones y empalmes inadecuados, sin entubar y accesibles a las personas".

Además, según señalan los técnicos, se constata la acumulación de enseres, productos inflamables como una bombona de butano y otros materiales.

En el inmueble hay "huecos en zonas abiertas y accesibles a las personas sin protección adecuada, con riesgo de caídas" y, según agregan, se constata la necesidad de completar apeos en puntos concretos del edificio no identificados en el informe del año pasado.

Según recuerda en un comunicado el Gobierno Foral, a finales del pasado mes de diciembre tuvo conocimiento por información vecinal de que se escuchaban ruidos de obras en el interior del edificio, lo que se consideró "preocupante porque las obras podían poner en peligro a los ocupantes, causar daños en elementos protegidos del inmueble y/o provocar desperfectos en edificios colindantes".

Por ello, el 2 de enero solicitó del Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona autorización judicial para la entrada en el edificio por agentes de la Policía Foral junto con técnicos designados por el Servicio de Patrimonio a fin de constatar la veracidad o no de dichas informaciones vecinales. El objetivo era determinar si se habían realizado obras en el interior, su alcance y las consecuencias que se pudieran derivar de ellas.

El citado informe ha sido enviado al Juzgado de Instrucción número 4 así como al alcalde del Ayuntamiento de Pamplona.

En estos momentos los técnicos continúan realizando una inspección más detallada del estado del inmueble, de cuyo resultado se dará cuenta así como de las oportunas actuaciones, según apunta el Ejecutivo.