El Gobierno español impide a Open Arms salir del puerto de Barcelona

El Gobierno de España ha impedido al barco Open Arms zarpar en una misión de rescate al Mediterráneo al considerar que en otras operaciones se han incumplido la normativa internacional que obliga a desembarcar a los rescatados en el puerto seguro más cercano, y la ONG catalana Proactiva Open Arms ha recurrido esta decisión porque "lesiona derechos" constitucionales.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Cataluña han explicado que se trata de una decisión que obedece a criterios técnicos de la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, y que ha permitido a la entidad presentar un recurso para poder operar con garantías.

Por su parte, el fundador de la ONG, Oscar Camps, ha afirmado en un apunte en Twitter: "Impedirnos salvar vidas es irresponsable y cruel. Políticos cobardes ponen en marcha el contador de muertos", ha lamentado mientras el buque se encuentra parado en el Puerto de Barcelona.

Vigilancia y auxilio

También considera que el buque "no cuenta con certificados de seguridad que le habiliten a transportar más de 18 personas", por lo que situaciones en las que se supere esta cifra tienen que durar el mínimo posible y hacerse según disposiciones internacionales sobre el salvamento concebidas para emergencias, lo que considera que se está obviando.

Responsabilidad de los Estados

La entidad ha presentado un recurso de alzada contra esta denegación, alegando que esta resolución "no atribuye uno sólo de estos incumplimientos al capitán del buque Open Arms ni a su tripulación, pues todos los incumplimientos se atribuyen en abstracto y en tercera persona a las autoridades responsables; en definitiva, los Estados".

"Lesión de los derechos"

Consideran la denegación de salida al buque "nula de pleno derecho porque lesiona derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional", además de asegurar que el capitán marítimo se excede en sus competencias, además de ver una desviación de poder.