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La Policía francesa expulsa a dos nigerianas del Centro de Retención de Hendaia

La asociación Cimade ha denunciado su expulsión a España, aunque un juez de Baiona emitiera una orden de liberación para hacer valer su derecho a la protección.
Imagen de archivo de una protesta del movimiento Bizi en Hendaia
Imagen de archivo de una protesta del movimiento Bizi en Hendaia. Imagen obtenida de un vídeo de ETB

La Policía francesa ha expulsado a España a dos mujeres nigerianas que se encontraban en el Centro de Retención de Hendaia, según ha denunciado la asociación Cimade a través de un comunicado en su página web. Se trata de dos mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.

El pasado 11 de julio fueron puestas bajo custodia policial tras el desmantelamiento de un edificio ocupado cerca de Burdeos.

Posteriormente, el juez de libertad y detención de Baiona ordenó su liberación para que pudieran hacer valer el derecho a la protección prevista por la ley.

Sin embargo, finalmente han sido puestas a disposición de la Policía española a pesar de que nunca habían pisado suelo español.

La asociación Cimade ha subrayado que se trata de una expulsión forzada ilegal y arbitraria que deja a estas mujeres en una situación muy peligrosa. Señala, además, que supone un grave atentado contra el derecho de asilo y derecho a la protección como víctimas de la trata.

Asimismo, Cimade ha pedido a las autoridades francesas para que puedan volver a Francia, sean protegidas y tengan acceso a un permiso de residencia y alojamiento.

Por su parte, SOS Racismo ha denunciado la expulsión de las dos mujeres nigerianas que se encontraban en el Centro de Retención de Hendaia, y ha incidido en que se trata de una "práctica ilegal".

En ese sentido, ha subrayado que estas dos mujeres estaban siendo atendidas como posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual.

En un comunicado, la ONG ha destacado que por este motivo "el juez de detención y libertad de Baiona ordenó su liberación para que pudieran hacer valer el derecho a la protección prevista por la ley".

Ante estos hechos, SOS Racismo se ha adherido a la denuncia que formulan las organizaciones francesas expresando su "más enérgica protesta a una expulsión que es ilegal y arbitraria" y ha exigido al Ministerio del Interior español "una respuesta a esta flagrante violación de los derechos humanos en personas especialmente vulnerables", al tiempo que ha solicitado que "denuncie estos hechos ante las autoridades francesas".

Asimismo, ha pedido que la Subdelegación del Gobierno español en Gipuzkoa informe a las entidades de ambos lados de la frontera que están siguiendo este caso "sobre el procedimiento seguido para la expulsión de estas personas, si fueron entregadas a la policía española, si así fue, que aclare cuál era la base legal para aceptar dicha expulsión y si tuvieron asistencia letrada, así como qué medidas se adoptaron".

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