ELA: "Las residencias han mejorado la seguridad al ver peligrar su negocio"
El sindicato ELA ha acusado a las tres diputaciones de la CAV y empresas concesionarias de las residencias de haber dado únicamente "pasos reales para garantizar la salud y seguridad al ver peligrar su modelo de negocio".
En un comunicado, la central sindical ha destacado así que su "labor sindical y jurídica ha logrado la aplicación de medidas de seguridad y la reducción de víctimas de la COVID-19, ante la inacción inicial de instituciones y empresas".
En este sentido, ha recordado que el pasado 18 de marzo, cuando todavía no se había detectado ningún caso de positivo en la residencias de Gipuzkoa, ya pidió por escrito al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, al Gobierno Vasco y al de Navarra, y a las tres diputaciones que se aplicaran todas las medidas de protección y prevención para garantizar la salud y seguridad de las trabajadoras.
Asimismo, ha recordado sus posteriores denuncias públicas por los casos de contagios y fallecimientos por COVID-19 en las residencias, así como "la determinación de los representantes de ELA a la hora de presentar demandas de tutela de derecho a la salud, a la vida y a la seguridad de las trabajadoras en una decena de residencias", lo que ha considerado ha sido "el detonante para que las empresas y las Diputaciones, en cumplimiento de las medidas cautelarísimas solicitadas por ELA e impuestas por los juzgados, comiencen a adoptar las medidas necesarias".
"En el plazo de una semana y en virtud de las posibles consecuencias que esas denuncias podían acarrear ante los juicios previstos y la posibilidad de nuevas demandas, tanto las empresas como las instituciones han comenzado a realizar de manera generalizada los test, se han realizado desinfecciones generales y se ha dotado a las trabajadoras de EPIs", ha valorado.
No obstante, ELA ha advertido de que la falta de personal sigue siendo "estructural en muchas residencias", y las medidas implementadas "insuficientes", por lo que ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que, "tras finalizar los procesos judiciales, las empresas vuelvan a bajar la guardia en garantizar la salud de las trabajadoras".
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