La prescripción de los abusos a menores comenzará a contar a los 35 años

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves 15 de abril el proyecto de Ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que eleva a 35 años la edad desde la que empieza a contar el plazo de prescripción de abusos a menores, elimina el Síndrome de Alienación Parental (SAP), obliga a utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años para no revictimizar, e incorpora el deber de todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia.

El texto, al que se han incorporado más de 200 enmiendas de las casi 600 que han registrado los distintos grupos, y más de 70 transaccionales, a su paso por la Cámara Baja, ha sido aprobado este jueves con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, ERC y BNG, el voto en contra de Vox y del PNV y la abstención de PDeCAT y EH Bildu. En total, ha recibido 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones.

Tras su votación en el Pleno del Congreso, el proyecto de ley de protección a la infancia frente a la violencia tendrá que seguir su tramitación en el Senado.

Uno de los últimos cambios introducidos en el texto es la ampliación de la edad a partir de la cual comenzará a contar el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores.

A los 35 años comienza el plazo

El texto inicial contemplaba elevarla de los actuales 18 años de la víctima a 30 años, pero ahora este umbral se eleva hasta los 35 años gracias al acuerdo alcanzado este mismo miércoles entre PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, EH Bildu, Más País y BNG.

Actualmente, el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores empieza a contar cuando la víctima cumple la mayoría de edad y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.

Entre las modificaciones incorporadas a la ley también destaca la eliminación del Síndrome de Alienación Parental (SAP), por el que algunos padres acusan a su expareja de manipular a su hijo en su contra.

Impedir la revicimitzación

Asimismo, se obligará a utilizar la prueba preconstituida, es decir, el testimonio grabado, hasta los 14 años del menor afectado, para evitar su revictimización.

Entre las novedades que ya introducía el texto presentado por el Gobierno en junio de 2020, y que fue bautizado por el exvicepresidente Pablo Iglesias como 'Ley Rhodes' (por el pianista del mismo apellido, que sufrió abusos en su infancia), destaca la privación de la patria potestad para condenados por homicidio o maltrato.

Igualmente, la ley incorpora el deber de todos los ciudadanos de comunicar cualquier indicio de violencia sobre menores; crea una nueva figura, la del 'coordinador de bienestar y protección' que deberá estar en todos los colegios; establece la obligación para los centros de menores tutelados de fijar para prevenir los casos de abusos, y aborda el problema del bullying, así como la violencia contra colectivos vulnerables y aquella cometida a través de Internet.

Además, la nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha subrayado durante su intervención este jueves en el debate, que esta ley protegerá también a la infancia de los abusos cometidos por sacerdotes ya que, según ha dicho, "la Iglesia católica ha sido cómplice demasiadas veces con la violencia sexual hacia los niños".

Invasión de competencias

Durante el debate de la ley en el Pleno del Congreso, los grupos que se han abstenido, EH Bildu y PDeCAT han anunciado que lo hacían con un "sentimiento amargo" debido a que consideran que en la norma hay "una invasión competencial", tal y como han precisado por parte de ambos grupos la diputada Mertxe Aizpurua y el diputado Sergi Miquel i Valentí, respectivamente.

Por este mismo motivo y con "harto dolor de corazón" anunciaba su voto en contra el diputado del PNV, Iñigo Barandiarán, que en todo caso ha apoyado las "medidas positivas" que aporta la ley, las cuales esperan poder "replicar" en el Parlamento Vasco.