La Fiscalía avala extender el pasaporte covid a sectores solicitados por el Gobierno Vasco
La Fiscalía vasca avala extender el uso del pasaporte covid en todo los ámbitos para los que el Gobierno Vasco los ha solicitado, es decir, en toda la hostelería, en gimnasios, en centros sociosanitarios, centros penitenciarios y residencias de ancianos, así como en casi la totalidad de recintos cerrados excepto el comercio y en eventos deportivos, de ocio o culturales con gran afluencia.
Estaría vigente siempre que las tasa de incidencia acumulada de contagios se sitúe por encima de los 300 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.
En el informe, que ha elevado a la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV, el ministerio público considera que la exigencia para estos lugares del certificado covid digital es "necesaria, idónea y proporcionada". ç
Quedarían exentos de la aplicación de esta medida los menores de 12 años y el personal trabajador de los establecimientos mientras ejerza sus funciones laborales, aunque debe utilizar la mascarilla de manera constante.
El Gobierno Vasco solicitó el pasado viernes al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, su valoración jurídica para poder ampliar la utilización del pasaporte covid en dicho sectores, y deberá ser este tribunal quien tenga que dictaminar o rechazar su implantación, ya que el dictamen de la Fiscalía no es vinculante.
El Gobierno Vasco remitió tribunal el informe sanitario, el informe jurídico y el borrador de decreto para que valorara ampliar la utilización del pasaporte covid también en los mencionados ámbitos, después de que el pasado mes el Tribunal Supremo avalara su utilización en el ocio nocturno a partir de las 22 horas o en restaurantes con aforo de más de 50 comensales.
Anteriormente, la Fiscalía había aprobado también la implantación del pasaporte covid, medida que rechazó el TSJPV alegando que la obligatoriedad de exhibir el certificado covid afectaba a derechos como el de reunión, libertades de circulación, expresión y creación artística.
Ante ese rechazo, el Gobierno Vasco decidió presentar su solicitud ante el Tribunal Supremo, el cual dictaminó a favor de su implantación, considerándola una medida "adecuada para prevenir la transmisión de la enfermedad", y "necesaria" por ser menos agresiva que otras medidas y "no afectar significativamente a la posibilidad de acceso a dichos establecimientos, ni a la actividad que realizan".
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