El PSOE propone que el Defensor del Pueblo dirija la investigación sobre los abusos de la Iglesia

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha encargado a la diputada socialista Carmen Calvo que colabore en la defensa de la proposición no de ley para que el Defensor del Pueblo investigue los abusos a menores cometidos en la Iglesia católica, iniciativa para la que el PSOE espera contar con el apoyo de la mayoría de grupos. Su socio de gobierno, Unidas Podemos, se ha mostrado abierta a negociar. Por su parte, el PNV ha propuesto crear un grupo de trabajo compuesto por personas expertas independientes.

El PSOE ha registrado este lunes una proposición no de ley (PNL) en la que se encomienda a Ángel Gabilondo la investigación sobre los abusos cometidos en el seno de la Iglesia con la ayuda de una comisión de personas expertas que serán elegidas por esta institución y en la que esperan contar también con miembros de la Iglesia y representantes de las víctimas.

Los socialistas confían contar con el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios, a pesar de que Unidas Podemos, EH Bildu y ERC habían presentado ya una iniciativa para impulsar una comisión de investigación en el ámbito parlamentario y el PNV, por su parte, ha pedido que sea una comisión de personas expertas independientes las que investiguen y presenten posteriormente sus conclusiones en el Congreso.

El portavoz del grupo socialista, Héctor Gómez, ha subrayado que el objetivo del PSOE es alcanzar un acuerdo con los grupos parlamentarios para poner en marcha esta investigación "a la mayor brevedad posible" y que sus conclusiones puedan estar listas antes de que finalice la legislatura. Según Gómez, la iniciativa socialista ha sido bien acogida en Unidas Podemos. Por su parte, Carmen Calvo ha defendido la figura de Ángel Gabilondo, catedrático de ética y fraile en su juventud.

Entretanto, el PNV ha registrado este lunes en el Congreso su propuesta para la creación de un grupo de trabajo compuesto por personas expertas independientes que investiguen los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia y que presenten sus conclusiones a la Comisión Constitucional de la Cámara baja en el plazo de un año.

Los jeltzales han insistido en la "idoneidad" de esta fórmula de la comisión independiente, "alejada de la diatriba política en las instituciones", si bien ha destacado que se mantiene a la Cámara Baja como "parte activa" en el proceso, al ser la institución en la que se deposita y presenta el informe.