Dos personas condenadas por estafar a Osakidetza, Osasunbidea, ayuntamientos y otras instituciones

La Audiencia Nacional ha condenado a un hombre y a una mujer por participar en una organización criminal que estafó a 55 administraciones públicas, entre ellas ayuntamientos de Hego Euskal Herria y los servicios de salud de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra, así como hospitales, universidades, consorcios y organismos. Se hicieron pasar por proveedores habituales que no habían cobrado algún servicio. El daño total a las arcas del Estado asciende a dos millones de euros.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, esta organización criminal contactó con 76 entidades públicas. 21 de ellas no llegaron nunca a pagar, pero las otras 55 entidades sí desembolsaron un total de 6 690 772 euros a los estafadores. Una parte de esa cantidad fue bloqueada por los bancos, por lo que 22 estafados pudieron recuperar todo el dinero, y nueve, una parte.

La Sala de lo Penal ha declarado probado que ambos acusados empleaban documentos falsos para ganar dinero a través de estafas tanto a entidades públicas como a particulares. Esas falsificaciones eran la "piedra angular" que les permitía mover el dinero. Algunos de los investigados manejaban "decenas" de documentos de identidad de varios países, "cuya detección por parte de las entidades bancarias es prácticamente imposible".

La Audiencia Nacional ha condenado a 5 años de cárcel al hombre y 2 años y medio a la mujer, por los delitos continuados de estafa y falsedad, y por el de pertenencia a organización criminal, con las atenuantes de reconocimiento de los hechos y, en el caso de la mujer, de reparación del daño, más multas de 990 y 540 euros, después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

Del mismo modo señala que deberán indemnizar a varios ayuntamientos con miles de euros más intereses, entre los que figuran los de Bilbao, Portugalete, Amorebieta-Etxano (Bizkaia) y Zarautz (Gipuzkoa).

Osasunbidea y Osakidetza también están entre los afectados. El servicio navarro de salud fue estafado con 36 629 euros, y el de la CAV, con 35 000. El Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia y el Consorcio de Aguas de Bilbao también fueron víctimas de este grupo criminal.

Otras instituciones del Estado español han sido estafadas, como la Comunidad de Madrid; los ayuntamientos de Almería, Albacete y Castellón; las diputaciones de Castellón y Barcelona; las universidades de La Laguna y de Santiago de Compostela, y el Hospital Clínic de Barcelona.

Se hacían pasar por proveedores habituales

A la hora de tratar con entidades públicas, la organización criminal estudiaba previamente los contratos con proveedores y empresas prestadoras de servicios. Una vez que accedían a facturas y pedidos, el siguiente paso consistía en suplantar a compañías que tenían algún cobro pendiente y llamaban o escribían por correo electrónico a las administraciones, avisando de que habían cambiado el número de cuenta en el que habían de saldar el pago.

Esta forma de obrar incluía un "sistema de verificación y control", a partir del cual los estafadores hacían llegar a sus víctimas documentos "con información no verdadera" que daban cuenta del cambio del número de cuenta, para así disfrazar el engaño.

Cuando la organización se proponía estafar a personas particulares, elegían internet como plataforma y actuaban con distintos tipos de estafa, como el 'phising' bancario, engaños en la compraventa de bienes y servicios o con alquileres temporales o turísticos. Ese último fue el método "quizá más utilizado", sobre todo en verano.

Ya sean personas físicas o jurídicas, hay 705 afectados particulares en el Estado español. El dinero total estafado es de 1 183 642 euros. 426 víctimas están identificadas y 365 ya han denunciado.