Las familias de las víctimas de Spanair continúan pidiendo justicia en el 14 aniversario del accidente aéreo

Este sábado, 20 de agosto, se cumplen 14 años de accidente del vuelo JK5022 de Spanair que dejó 154 víctimas mortales y 18 heridos tras estrellarse en Barajas en su despegue hacia Gran Canaria. De trata de la tragedia aérea más grave ocurrida en España.

La aerolínea quebró en 2012 y la causa judicial se cerró hace nueve años, pero la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 mantiene su lucha para que se eliminen las fallas en el sistema de aviación civil y para que se reconozcan los derechos de los afectados por accidentes aéreos.

Durante esta jornada la asociación ha celebrado actos y ofrendas florales en Madrid y en Gran Canaria en recuerdo de las víctimas del accidente, y ha pedido justicia, defendiendo que en España no hay "independencia para investigar, ni en lo judicial, ni en lo legislativo". Los familiares han denunciado que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no haya enviado a la Fiscalía General del Estado el dictamen aprobado de la comisión de investigación que aprobó el Congreso de los Diputados en mayo del año pasado.

Dicho dictamen reponsabiliza el "fallo sistémico" a diferentes cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento en 2008. La presidenta de la Asociación, Pilar Vera, ha declarado que la asociación quiere llevar a los tribunales a los 18 señalados, por lo que necesitan que el documento llegue a la Fiscalía para dejar de sentirse "en el limbo".

En ese sentido, Vera ha indicado que Batet "probablemente esté cometiendo un delito de prevaricación" por no enviar el dictamen.

Según el mencionado documento, la compañía Spanair ya sufría por entonces las "serias dificultades económicas", por lo que los técnicos de mantenimiento y los pilotos actuaron "presionados" por el compromiso de puntualidad, así como por el ERE presentado días antes por la compañía.

Además, dicho dictamen recoge que la aerolínea habría recibido "sin mediar inspección" la prórroga del Certificado de Aeronavegabilidad para el avión siniestrado por parte de la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC).

Todo ello se suma al fallo de la alarma TOWS, que no advirtió de la configuración incorrecta del avión.

Asimismo, el dictamen considera que el plan de emergencia de Aena en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no funcionó correctamente, activándose de manera tardía el día del siniestro. Por ello, señala que en el accidente de Spanair fallaron "todas las barreras de seguridad".