El Gobierno Vasco plantea perfiles distintos de euskera en competencias oral y escrita en el sector público

El Gobierno Vasco plantea perfiles distintos de euskera en competencias oral y escrita en el sector público, según el borrador del decreto que regulará la normalización y el uso del euskera en la administración y en las empresas y fundaciones públicas. El borrador, que prevé que el euskera sea lengua de trabajo en el sector público, al igual que el castellano, presenta novedades, como la creación de los perfiles lingüísticos asimétricos o intermedios, que acreditarán de forma distinta la competencia oral y la escrita de las y los trabajadores del sector público.
La intención del Ejecutivo es dar un paso más en la normalización del euskera en la administración pública, y llegar al objetivo de que tanto el euskera como el castellano sean idiomas de trabajo. En ello se centra este nuevo decreto que, por primera vez, será de aplicación en todo el sector público, tanto en la administración, como en empresas o fundaciones públicas.
La principal novedad se encuentra en los nuevos perfiles lingüísticos asimétricos o intermedios. Se trata de perfiles que acreditan de forma distinta la competencia oral y la escrita. Esto permitirá, por ejemplo, que en los puestos en que las y los trabajadores se relacionen de forma más habitual oralmente con la ciudadanía se valore más la capacidad de hablar en euskera, y no tanto la de escribir.
Exención de acreditar un perfil
Otra novedad importante es la exención de acreditar un perfil lingüístico, ya que a quienes superen el proceso de selección en euskera se les reconocerá automáticamente el nivel exigido, sin títulos ni pruebas adicionales.
Como requisito, el nivel de euskera que se exigirá será el del Perfil Lingüístico 2, o el nivel B2. Según el decreto, a ese nivel, el idioma de trabajo de los empleados deberá ser el euskera.
El borrador, ahora, está hasta mediados de octubre abierto a aportaciones, si bien, antes de su redacción, el Ejecutivo ya ha contactado con partidos políticos y sindicatos, en un proceso previo. El siguiente paso será elevar el texto definitivo al Consejo de Gobierno, para su aprobación y posterior publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Entraría en vigor un día después de su publicación.
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