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Detenidas tres personas en San Sebastián por defraudar 80 000 euros y explotar a 21 trabajadores

Se trataba de personas extranjeras en situación irregular y sin contrato de trabajo, que eran obligadas a trabajar doce horas diarias, de lunes a domingo, por 1068 euros mensuales.

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en San Sebastián por defraudar más de 80 000 euros a la Seguridad Social y explotar laboralmente a 21 trabajadores.

Como consecuencia de la denuncia de un ciudadano, el día 9 de noviembre del 2022, la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo realizaron una inspección en sendos establecimientos, hallando en uno de ellos a doce trabajadores en situación irregular y sin contrato de trabajo y en el otro a nueve trabajadores más en las mismas condiciones que los anteriores.

Los investigadores determinaron que, tal y como constaba en la denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, "los dos restaurantes eran regentados por el mismo empresario" y que "la contabilidad era llevada por un gestor que tenía pleno conocimiento de lo que ocurría y por un tercero que hacía labores como encargado en uno de los restaurantes".

"Simultáneamente, supieron que muchos de estos trabajadores habían venido a través de este encargado, que les atraía con suculentas ofertas laborales", han añadido las mismas fuentes.

De este modo, han explicado que, "cuando llegaban a San Sebastián, el dueño les prometía que, si trabajaban para él, les facilitaría la documentación para legalizar su situación y les daría de alta en la Seguridad Social, ocupándose el encargado de sofocar la más mínima queja recordando a las víctimas su condición de trabajadores irregulares y el favor que les estaban haciendo dándoles empleo".

En este sentido, "les obligaban a trabajar doce horas diarias, de lunes a domingo, pagándoles 1068 euros mensuales". Igualmente, a partir del verano pasado, "les obligaban a firmar contratos de formación cada mes si querían ser regularizados y les aleccionaban para que dieran otra filiación si la inspección de trabajo u otra persona preguntaba por ellos".

Ante ello, los investigadores activaron el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de explotación, informándoles de los derechos que les asisten, entre los que se encuentra la posibilidad de ser derivados a recursos asistenciales y de alojamiento dependientes de las Comunidades Autónomas.

Los tres detenidos pasaron a disposición judicial tras prestar declaración en comisaría, y se encuentran, actualmente, a la espera de juicio.

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