Una eutanasia paralizada: ¿Están los familiares legitimados para oponerse a una petición de eutanasia?

Una jueza de Barcelona decidirá si avala la eutanasia de una joven de 23 años con paraplejia cuyo padre logró suspender 'in extremis' el pasado agosto, pese a que ella había expresado su voluntad ante un notario y los forenses acreditan que es capaz de decidir sobre su vida.

El juicio, que se celebra este martes en el juzgado contencioso número 12 de Barcelona, pondrá sobre la mesa hasta qué punto la familia de una persona adulta que solicite la eutanasia está legitimada para impedirla a través de los tribunales.

Estas son las claves del primer juicio en el Estado español sobre el derecho a la muerte digna:

¿Cómo llegó a los tribunales?

La vista enfrentará a la Generalitat de Cataluña, que defiende la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación que en julio de 2024 dio luz verde a la eutanasia —por unanimidad de sus 19 miembros—, y al padre de la chica, representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos.

También interviene en el proceso la Fiscalía, que en agosto apoyó suspender la eutanasia de la joven y pidió varias diligencias, entre ellas conocer su expediente sanitario, antes de pronunciarse sobre la cuestión.

La eutanasia estaba prevista para el pasado 2 de agosto, pero la jueza accedió a paralizarla 'in extremis" a raíz del recurso planteado por el padre, para evitar un perjuicio "irreparable".

¿Qué legitimidad tiene la familia?

Más allá de este caso, el juicio plantea una cuestión que los tribunales deben resolver: ¿Están los familiares legitimados para oponerse a una petición de eutanasia? La Fiscalía sostiene que sí.

La Generalitat catalana, por el contrario, mantiene que la joven es la única e indiscutible titular del derecho a una muerte digna, que entronca a su vez con los derechos fundamentales a la vida y a la dignidad que fundamentan la ley de eutanasia.

Un proceso de casi dos años

Cuando recibió la autorización de la eutanasia, la joven llevaba casi dos años con un diagnóstico de paraplejia fruto de un intento de suicidio en noviembre de 2022, que le dejó graves secuelas y pérdida de autonomía. Desde entonces ha sido objeto de seguimiento por parte de una docena de médicos, incluidos neurólogos, psicólogos y psiquiatras.

Los expertos concluyeron que sus secuelas son "permanentes e irreversibles", por lo que inició los trámites para pedir la muerte asistida en abril de 2024, alegando un "sufrimiento constante".

Debido a los trastornos mentales que sufre la joven, se siguió un criterio de "prudencia reforzado" antes de autorizar la eutanasia y el caso se elevó al pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación para que lo discutieran sus 19 miembros.

Abogados Cristianos, no obstante, alega que la mujer ya pidió la eutanasia antes de su intento de suicidio y esgrimen que ha experimentado cambios de opinión durante el proceso, por sus problemas de salud mental.

"Sufrimiento intolerable"

La Comisión que autorizó la eutanasia estimó que la mujer cumple los requisitos que establece la Ley: un sufrimiento físico y psíquico constante, reiteradamente expresado como intolerable y sin pronóstico de mejora o curación y, además, documentado por distintos médicos a lo largo de casi dos años.

Pero Abogados Cristianos argumenta que la joven no reúne las condiciones cognitivas para decidir sobre su vida y que presenta una "voluntad cambiante", por un trastorno límite de personalidad que requiere tratamiento psiquiátrico. Sostienen además que es "susceptible de mejoría por su juventud".

La joven, ante el tribunal

Hoy desfilarán ante la jueza una decena de testigos, casi todos médicos de distintas especialidades que han tratado a la joven los últimos años, además de forenses.

La propia chica tendrá que ser interrogada, como pidió la Fiscalía en contra del criterio de la Generalitat.