PRIMERA SESIÓN DEL JUICIO

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La pareja de Maialen Mazón le propinó 13 cuchilladas "con intención de matarla", según el fiscal

La Fiscalía pide 45 años de cárcel 25 por asesinato con alevosía y ensañamiento y con las agravantes de parentesco y género; otros ocho años por cada uno de los dos delitos de aborto —estaba embaraza de 16 semanas— y 4 años más por abandono de menor.

Palacio de Justicia de Álava

Palacio de Justicia de Álava. Foto: EITB

La Fiscalía cree que Jaime Roca propinó a su esposa Maialen Mazón 13 cuchilladas "con la intención de matarla" porque "no aceptó" su decisión de poner fin a la relación y acabó con su vida cuando ella estaba embarazada de gemelas y en compañía de la hija común de dos años, que resultó ilesa.

Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Álava el juicio con jurado popular por este crimen que se cometió en la tarde del 27 de mayo de 2023 en un apartahotel de Vitoria-Gasteiz, aunque fue descubierto al día siguiente. La pequeña de dos años permaneció sola junto al cadáver de su madre 18 horas, hasta las 14:30 horas del día siguiente.

Maialen tenía abierto un expediente de violencia de género por la Policía Nacional y sobre él pesaba una orden de alejamiento de un juzgado de Torremolinos (Málaga). Además, figuraba como víctima de "riesgo extremo" en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a "riesgo bajo". Este caso llevó a la Ertzaintza a cambiar sus protocolos en estos casos.

La Fiscalía pide 45 años de cárcel 25 por asesinato con alevosía y ensañamiento y con las agravantes de parentesco y género; otros ocho años por cada uno de los dos delitos de aborto —estaba embaraza de 16 semanas— y 4 años más por abandono de menor.

Pide además la retirada de la libre potestad sobre la niña, la prohibición de comunicarse o acercarse durante 10 años y 750 000 euros en dos indemnizaciones: 500 000 para la niña y 250 000 para su abuelo, el padre de Maialen.

Tanto las acusaciones particulares —ejercidas por la familia de la víctima y por el Consejo del Menor de Álava— se han adherido a las peticiones de penas de la Fiscalía, así como la acusación popular ejercida por la asociación Clara Campoamor.

La defensa del acusado, de 33 años en el momento de los hechos, ha pedido su absolución por trastorno mental transitorio o en su defecto que se aplique la eximente incompleta de trastorno mental transitorio y de consumo de alcohol, ya que según ha sostenido Jaime Roca había estado bebiendo la tarde de los hechos y durante la discusión posterior con Maialen tuvo "una desconexión total de la realidad" y actuó "sin conciencia, sin autocontrol y sin comprensión de sus actos".

Según el relato de la Fiscalía —coincidente en su mayor parte con el del resto de acusaciones— después de trasladarse de Burriana (Comunidad Valenciana) a Vitoria-Gasteiz para contar con el apoyo de su familia, Maialen había iniciado una relación con un joven —el hijo de la pareja de su padre— y había decidido poner fin a su matrimonio con el acusado.

La "insistencia" de él motivó que ella accediera a pasar unos días en un apartahotel de la capital alavesa para acordar cuestiones relativas al cuidado de su hija. 

Fue entonces cuando se enteró de que "tenía una nueva ilusión", momento en el que "decidió matarla" —mientras ella se encontraba en un estado de "somnolencia y debilidad" por lo que había consumido— y "le clavó el cuchillo en 13 ocasiones con intención de matarla".

Además, señala la Fiscalía, dejó a la niña de 2 años sola, sin acceso a agua o alimento, lo que puso "en grave riesgo su salud". Como consecuencia la pequeña tiene una afectación emocional significativa, dificultades de socialización, retraso en el lenguaje y ansiedad por separación, entre otras secuelas.

Por su parte, la defensa ha considerado que el relato del fiscal está compuesto por "hechos inconcretos y tergiversados". Ha recordado que Maialen y Jaime se conocieron en un centro de desintoxicación, ha negado que hubiera maltrato y ha asegurado que era Maialen la que tenía un "carácter fuerte" y ejercía una "influencia dominante" sobre Jaime, que estaba "sometido psicológicamente" a ella.

En el momento de los hechos, ha expuesto, él estaba "en situación de embriaguez" y durante la discusión "su mente colapsó" y tuvo una "desconexión total de la realidad", de manera que sus facultades intelectuales y volitivas estaban "totalmente anuladas".

El abogado defensor ha dicho además que no hubo planificación.

Primera sesión del juicio

El juicio por estos hechos está fijado entre el 4 y 15 de mayo en la Audiencia Provincial de Álava, es decir, tendrá 9 sesiones

En la primera sesión, han elegido a los miembros del jurado, y también han declarado el padre de Maialen y su pareja.

En total, 67 testigos y peritos comparecerán ante el Jurado Popular en la Audiencia Provincial de Araba. En último lugar declarará el único imputado, la expareja de Maialen, que hasta el momento ha guardado silencio.

Descoordinación y decisiones controvertidas

La expareja de Maialen, de 33 años en el momento de los hechos, fue detenido horas después por la Guardia Civil en el peaje de la AP-68 en Alagón (Zaragoza) cuando huía en un taxi en dirección a la Comunidad Valenciana.

La víctima tenía abierto un expediente de violencia de género por la Policía Nacional española y sobre él pesaba una orden de alejamiento respecto a ella dictada por un juzgado de Torremolinos (Málaga).

Este asesinato suscitó reacciones en ámbitos policiales y jurídicos que pusieron en cuestión la protección que la Ertzaintza había dado a la víctima. Maialen figuraba como víctima de 'riesgo extremo' en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero cuando regresó a Vitoria-Gasteiz la Ertzaintza rebajó su calificación a "riesgo bajo" tras una entrevista rutinaria. 

"Se dieron dos fallos. No es solo que no exista esa interconexión entre ambos sistemas, sino que es que el propio sistema de detección de riesgos de la Ertzainza falló en este caso", lamenta Cecilia Piris, abogada de Clara Campoamor.

Este crimen puso en entredicho el sistema de protección de las víctimas de violencia de género. En aquel momento, no existía cruce de esos datos entre el Ministerio del Interior y la Ertzainza. "Sirvió, desgraciadamente, al coste no de una, sino de tres vidas, para poner en evidencia un agujero gravísimo", ha subrayado Piris.

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