La eutanasia será legal también en Iparralde, después de que el Parlamento francés haya aprobado el derecho a la muerte asistida
Hasta ahora, la ley Claeys-Leonetti adoptada en 2016 permitía la sedación profunda y continua para personas con enfermedades terminales que tuvieran un pronóstico de vida corto. La Asamblea Nacional había aprobado el proyecto de ley tres veces por amplia mayoría, si bien en el Senado, de mayoría conservadora, sufrió varios retrocesos y reveses, con cambios y reformas que han prolongado la aprobación de la norma.
La eutanasia será legal en Iparralde, después de que el Parlamento francés haya aprobado de forma definitiva este miércoles un proyecto de ley que garantiza el derecho a la muerte asistida para personas adultas con enfermedades incurables, culminando así con años de debate sobre una medida presentada en abril de 2024 por el presidente Emmanuel Macron y que ha dividido la ciudadanía.
El nuevo texto -aprobado en una votación definitiva en la Asamblea Nacional con 291 votos a favor y 241 en contra-, permite a los pacientes administrarse la medicación que acabará con su vida, exceptuando cuando no estén físicamente capacitados para hacerlo, en cuyo caso un médico o una enfermera podrán encargarse de ello.
Entre los estrictos criterios que contempla la norma se encuentra: ser mayor edad, tener la ciudadanía francesa o residir de forma permanente y legal en el país; padecer una enfermedad grave e incurable que ponga en peligro la vida; encontrarse en una fase terminal o avanzada y experimentar un sufrimiento físico que no pueda aliviarse con ningún tratamiento o con cuidados paliativos.
Asimismo, el paciente tendrá que expresar su deseo de poner fin a su vida con "pleno conocimiento" y de "forma libre" e "informada", por lo que la muerte asistida deja fuera a personas que permanecen en coma o que padecen demencia.
La ley también establece un protocolo concreto para todo el proceso, que va desde presentar alternativas al solicitante, como los cuidados paliativos, recordarle que el proceso se puede interrumpir en cualquier momento y la consulta con otros profesionales durante un plazo de 15 días por parte del médico que se encargue de la solicitud.
La legislación recoge, asimismo, la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios, si bien el médico en cuestión que se niegue a llevar a cabo el proceso tendrá que remitir al paciente a otro compañero dispuesto a hacerlo.
Hasta ahora, la ley Claeys-Leonetti adoptada en 2016 permitía la sedación profunda y continua para personas con enfermedades terminales que tuvieran un pronóstico de vida corto. La Asamblea Nacional había aprobado el proyecto de ley tres veces por amplia mayoría, si bien en el Senado, de mayoría conservadora, sufrió varios retrocesos y reveses, con cambios y reformas que han prolongado la aprobación de la norma.
Francia se une así a los países europeos que autorizan, bajo ciertas condiciones, el suicidio asistido o la eutanasia, como España, Bélgica, Países Bajos y Suiza, u otros países como Canadá y Uruguay. La reforma fue impulsada por Macron con la puesta en marcha de una convención ciudadana que dio 'luz verde' a establecer la "ayuda para morir".
No obstante, la norma será ahora examinada ante el Consejo Constitucional por iniciativa del primer ministro nombrado por Macron, Sébastien Lecornu, quien tiene dudas respecto a algunas partes del texto. Allí se decidirá si ciertas cláusulas contenidas en la norma, como el periodo mínimo de reflexión de dos días desde que se concede al paciente el visto bueno para la muerte asistida, son compatibles con los "principios de libertad individual y dignidad".
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