Sortu pide la oportunidad de demostrar la credibilidad que se le exige
Los promotores de Sortu han pedido una oportunidad para demostrar que el partido no es ningún proyecto de ETA. "La credibilidad crece, se crea, sólo pedimos una oportunidad para ganar esa credibilidad", ha declarado el portavoz Iñaki Zabaleta en una conferencia de prensa en Madrid.
Tras una breve presentación de los estatutos registrados, Zabaleta ha dado paso a las preguntas de los periodistas a quienes ha asegurado "que Sortu significa una ruptura completa y total con el pasado".
Al ser preguntado de manera concreta si pide a ETA que se disuelva, ha contestado que "Sortu es un proyecto nuevo absolutamente, que nace de una ruptura con el pasado, que reniega de la violencia, que rechaza la violencia y no la acepta en absoluto, ningún tipo de violencia".
Zabaleta ha reiterado que "Sortu no es ninguna sucesión de nadie. Es crear un nuevo proyecto, un nuevo país, una nueva convivencia, pero es una ruptura con el pasado desde el compromiso con los Derechos Humanos".
Los promotores de Sortu no han desvelado los nombres de los directivos del nuevo partido que, según han dicho, se harán públicos "en su momento oportuno". Han avanzado que en las próximas semanas se irán desarrollando las estructuras de la formación.
Los impulsores de la nueva formación han estado acompañados por Alex Maskey, miembro del Sinn Féin, y Bill Bowring, presidente de la asociación de abogados europeos por la democracia y los derechos humanos.
"Las autoridades españolas deben aprovechar esta oportunidad, deben tener el coraje que tuvo el Gobierno británico en 1997. Este es también en el camino para la paz en el País Vasco", ha dicho Bowring.
Registro del partido
Los promotores de Sortu han registrado el partido en el Ministerio de Interior a las 11:20 horas de la mañana.
Ocho impulsores se han acercado hasta el registro de partidos políticos para presentar allí los estatutos de la nueva formación.
Ahora, el Ministerio de Interior tiene un plazo de 20 días para decidir si traslada estos estatutos a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, que a su vez cuentan con otros veinte días de plazo para remitírselos al Tribunal Supremo en caso de hallar en ellos indicios de algún ilícito penal.
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