Comienza la manifestación en favor de la legalización de Sortu

La izquierda abertzale pide en Bilbao la legalización de su nueva marca, Sortu, en una manifestación a la que se han sumado los sindicatos y los partidos nacionalistas salvo el PNV, que no asiste oficialmente a pesar de que hay varios miembros de esta formación entre los convocantes.

La marcha, que tiene por lema "Bakerantz, legalizazioa" (Hacia la paz, legalización), ha sido promovida por un colectivo de personalidades de la vida pública vasca del que forman parte, entre otros, los periodistas Xabier Oleaga y Martxelo Otamendi (absueltos en el caso Egunkaria), el coordinador de Lokarri, Paul Ríos, y militantes del PNV como su expresidente Xabier Arzalluz y el exalcalde de Getxo Iñaki Zarraoa. La manifestación partirá a las 17:30 horas de la plaza de la Casilla.

A la convocatoria se han ido adhiriendo en los últimos días los principales sindicatos nacionalistas, del mismo modo que lo han hecho Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba, así como Ezker Batua, por parte de los partidos políticos.

No la ha secundado el PNV, cuyo presidente, Iñigo Urkullu, avanzó el jueves que su partido no enviaría ninguna representación oficial, "a sabiendas de que militantes acudirán a título personal".

Urkullu, quien en repetidas ocasiones ha abogado por la legalización de Sortu, justificó esta decisión diciendo que la izquierda abertzale tiene que recorrer ese camino por sí misma, al tiempo que insistió en que la manifestación "esconde" un segundo objetivo, que es "incordiar al PNV" y "tratar de situarle en el "ojo del huracán''".

Por su parte, el PSE-EE ha afirmado que serán los tribunales los que deberán determinar si la izquierda abertzale está en las próximas elecciones y el partido "no ha considerado, ni considerará" acudir a la marcha.

El PP ha rechazado esta manifestación porque, a su juicio, supone hacerle "el juego a Batasuna", sin exigirle que "rompa, de una manera definitiva, con ETA".

En el escrito firmado por los convocantes de la marcha se pone de relieve que la legalización de Sortu es "parte inseparable" del logro del objetivo de la paz y se aboga por superar "cualquier vulneración" de derechos que afecte a la ciudadanía vasca.

Tras el registro de sus estatutos en el Ministerio del Interior, Sortu ha venido reclamando su derecho a incorporarse a la vida política, a pesar de que el Gobierno paralizó la inscripción al considerar que era una "continuidad" de la ilegalizada Batasuna.