Fiscalía: 'Legalizar Sortu es un riesgo para el Estado democrático'

La Fiscalía General del Estado ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que mantenga la prohibición de Sortu al considerar que esa medida responde "a una necesidad social imperiosa por suponer un riesgo para la sociedad democrática española".

Ese es uno de los argumentos que sostiene la Fiscalía en las alegaciones que ha presentado a primera hora de hoy ante el TC para solicitar que se rechace recurso de amparo de Sortu contra la prohibición de su inscripción en el registro de partidos políticos, acordada por el Tribunal Supremo.

"Se trata de evitar el riesgo que para el Estado democrático representa la participación política, a través de una nueva formación, de aquellos que, siendo Batasuna, dicen haber roto con los postulados y métodos de la banda terrorista ETA sin que su conducta y actividades evidencien la certeza de aquella ruptura", señala el fiscal.

En el escrito, la Fiscalía, en línea con lo defendido por la Abogacía General del Estado, mantiene que las condenas formales de la violencia y el uso de métodos democráticos para defender sus intereses no puede considerarse suficiente si Sortu no pide expresamente la disolución de ETA.

La Fiscalía General del Estado defiende uno por uno todos los argumentos empleados por el Tribunal Supremo en la sentencia en la que prohibió la inscripción de Sortu y que concluyó que había una inequívoca y manifiesta instrumentalización de esta formación por parte de partidos políticos ilegalizados.

Insiste en que Batasuna, "o el sector de la izquierda abertzale con la que se identifica", no ha acreditado una ruptura total con ETA y que esto hace que la negativa a inscribir la nueva formación política sea "una necesidad social imperiosa".

Petición de Sortu

Por su parte, Sortu ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que resuelva el recurso contra la prohibición de su inscripción en el registro de partidos políticos a tiempo para que, en el caso de que le sea concedido el amparo, la formación pueda concurrir a las elecciones del próximo 20 de noviembre.

Sortu ha vuelto a denunciar que la prohibición de su inscripción, acordada por la Sala del 61 del Tribunal Supremo, vulnera los derechos fundamentales de asociación y participación política, entre otros.