Sumario 35/02
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400 firmas para denunciar el sumario de las 'herriko tabernas'

Abogados, profesores universitarios y periodistas han denunciado que "se está atacando con el derecho penal a dirigentes de partidos ilegalizados y se está atacando el pluralismo político".
Abogados y miembros de la plataforma 35/02. Foto: EFE
Abogados y miembros de la plataforma 35/02. Foto: EFE

Un grupo formado por 17 abogados, profesores universitarios y periodistas, han recogido cerca de 400 firmas del mundo universitario, social, sindical y del derecho, en denuncia del sumario 35/02 contra las 'herriko tabernas', cuyo juicio oral se ha celebrado recientemente en la Audiencia Nacional.

Varios de los impulsores de la recogida de firmas contra este caso, entre ellos, los abogados Félix Cañada, Txema Montero y Nazario Oleaga, junto al catedrático de ciencia política jubilado, Pedro Ibarra, el profesor universitario de derecho penal, Rafa Sainz de Rozas, y el coordinador de Lokarri, Paul Ríos, han ofrecido esta tarde una rueda de prensa en la sede del Colegio de Abogados de Bizkaia.

En la comparecencia, Félix Cañada ha manifestado que, terminado el juicio oral, éste "nunca se debió celebrar, habiendo quedado patente que es un claro ejemplo de instrumentalización de los tribunales de justicia intentando la aplicación del derecho penal de autor, un derecho penal del enemigo que, como tiene dicho el Tribunal Supremo (sentencia 20/07/2006), no tiene cabida en el Estado de derecho democrático".

"Se está atacando el pluralismo"

A su juicio, "no se ha podido demostrar ninguna operación concreta de financiación de ETA, se está atacando con el derecho penal a dirigentes de partidos ilegalizados y se está atacando el pluralismo político".

Asimismo, ha denunciado que se están "criminalizando ideas, al no haberse podido demostrar vínculos entre los acusados y la organización terrorista".

Por ello, ha animado a la ciudadanía a exigir que "ya no se celebren más juicios políticos, sólo útiles a los enemigos de la paz; que desaparezca de la vida judicial la aplicación del 'derecho penal del enemigo y del derecho penal de autor', que sólo hace daño a la imparcialidad de la justicia; se respeten el pluralismo político y los derechos fundamentales de asociación, de libertad ideológica y de expresión, y que se sienten las bases de una convivencia democrática".

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