El primer presidente de CAN avisó a Barcina del deterioro de la caja
El primer presidente de Caja Navarra (CAN), Lorenzo Riezu, se ha ratificado hoy en el informe que entregó a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en el que apuntaba que la mala gestión provocó un "deterioro notable" de su solvencia y que su integración en Banca Cívica fue una "huida hacia delante".
Riezu ha declarado hoy como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la causa en la que investiga presuntas irregularidades en operaciones de esta entidad y en la salida a bolsa de Banca Cívica.
El magistrado le había citado en relación con el informe que elaboró en 2011, referido a la deriva de Caja Navarra, que entregó entre otros a Barcina, entonces responsable de la Comisión de Control de la entidad, y que hoy ha ratificado, han informado fuentes jurídicas.
Según informó la acusación ejercida por la asociación Kontuz, en él señalaba como principales motivos de la pérdida de solvencia de Caja Navarra entre 2002 y 2010 (fecha de creación de Banca Cívica) un "exagerado y desmedido plan de expansión", los "planes de prejubilación" mientras se contrataba a nuevos empleados y un crecimiento desproporcionado de "los gastos generales de todo tipo".
Y concluía subrayando que "la gestión llevada a cabo ha deteriorado notablemente la solvencia de la Caja, y esto se ha ido enmascarando".
Las vías que citaba son "primero con la venta de participaciones empresariales y la consiguiente materialización de importantes reservas latentes; después con la venta de sociedades instrumentales; más tarde con la emisión de obligaciones subordinadas y participaciones preferentes" y luego con la venta de inmuebles, incluida la sede social.
El último paso fue para Riezu "una huida hacia delante mediante la participación en el SIP de Banca Cívica, con un futuro comprometido e incierto y dejando vacía de contenido financiero a Caja Navarra".
Velasco había archivado el caso de Banca Cívica y había enviado a Pamplona/Iruña el de Caja Navarra, pero su instancia superior, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, le ordenó reabrirlo al estimar el recurso de UPyD.
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