El Consejo de Ministros adoptará hoy medidas económicas para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Próximo

El Consejo de Ministros se reunirá este viernes en una sesión extraordinaria para abordar el plan integral de actuación frente a las repercusiones de la guerra en Oriente Próximo. Así, los partidos que integran el Ejecutivo español están ultimando un Real Decreto Ley destinado a mitigar los efectos del encarecimiento de los combustibles y la electricidad.

Tras mantener encuentros con agentes sociales, representantes de los sectores más afectados por el conflicto y grupos parlamentarios, el Gobierno español pondrá sobre la mesa un plan estructurado en cuatro áreas: medidas de carácter estructural, un paquete fiscal, apoyo específico a los sectores más afectados y un escudo social dirigido a las personas más vulnerables.

La primera de estas áreas es la estructural, que busca reforzar el impulso a las energías renovables mediante incentivos a comunidades energéticas, autoconsumo o instalaciones como bombas de calor, así como fomentar la electrificación.

La segunda línea de acción se centra en reducir el coste de la energía eléctrica a través de medidas fiscales. El tercer bloque aborda la reducción del impacto del aumento del precio de los carburantes, con especial atención a la agricultura, la pesca, el transporte y las industrias de alta intensidad energética y gasística. Finalmente, el último bloque incluye medidas sociales, como garantizar que los colectivos más vulnerables no sufran cortes en el suministro energético.

El decreto incluirá únicamente "medidas consensuadas y proporcionales". Por ello, podrían excluirse algunas acciones aplicadas en crisis anteriores, como la bonificación de 20 céntimos por litro en los combustibles durante la guerra de Ucrania o la reducción del IVA en alimentos.

Previsiblemente, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ofrecerá una comparecencia al término del Consejo de Ministros para dar a conocer las decisiones adoptadas.

Al igual que todos los decretos ley, entrará en vigor de forma inmediata, aunque deberá ser ratificado o rechazado por el Congreso en un plazo máximo de 30 días. La Junta de Portavoces ha acordado que, una vez llegue al Congreso, se calificará rápidamente en la Mesa para incluirlo en el Pleno de la próxima semana, evitando demoras en su convalidación.

Desde el Ejecutivo han indicado que el plan contará con la flexibilidad necesaria para "adaptar y ajustar" las medidas según la evolución de los acontecimientos. En este contexto, Sánchez ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de todos los grupos parlamentarios para garantizar la aprobación del paquete de medidas.