El fiscal apoya la petición de que la Infanta no sea juzgada

El histórico juicio por el caso Nóos ha comenzado esta mañana en la sede de la Escuela Balear de la Administración Pública, en el extrarradio de Palma. La infanta Cristina, primer miembro de la casa real española que se sienta en el banquillo de los acusados, su marido Iñaki Urdangarin y otros 16 acusados serán juzgados por varios delitos fiscales que suman más de 100 años de cárcel.

El juicio ha comenzado en medio de una amplia expectación mediática (hay 84 medios acreditados) y fuertes medidas de seguridad, ha dado comienzo con la fase de cuestiones previas, cuyo principal punto a plantear será la aplicación de la doctrina Botín a favor de la Infanta Cristina.

El letrado defensor de la infanta Cristina Jesús María Silva ha solicitado hoy la nulidad de la acusación por la que se sienta en el banquillo en el juicio del caso Nóos porque se están vulnerando sus "derechos fundamentales".

En el turno de cuestiones previas con el que se ha iniciado el juicio ante la Audiencia de Palma, Silva ha subrayado que no reclama la exoneración de la infanta en aplicación de la doctrina Botín, sino por la "jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo" en sucesivos pronunciamientos. El letrado ha subrayado que Manos Limpias, acusación popular en la causa, no está legitimada para mantener en solitario la imputación de doña Cristina si no la acusan ni la Fiscalía y acusaciones particulares.

Por su parte, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, durante su intervención, ha subrayado que "la única respuesta judicial posible" para la Infanta Cristina es el archivo de su imputación.

El representante del Ministerio Público avala así el sobreseimiento del caso para Cristina de Borbón al aseverar que "la Fiscalía, que representa al Estado, y Hacienda, aquí supuestamente perjudicada, han determinado que no hay hechos que la inculpen".

La 'doctrina Botín', clave

La única acusación que sostiene acciones penales contra la hermana del Rey Felipe VI es el sindicato Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel para ella al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido Urdangarin a través de la sociedad de la que ambos son copropietarios, Aizoon, que se nutrió de forma presuntamente irregular de los fondos obtenidos de forma ilícita por el Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

La infanta Cristina, durante el juicio. Foto: EFE

Precisamente, el abogado Jesús María Silva, defensor de la infanta Cristina, ha solicitado, durante el trámite de cuestiones previas que le sea aplicada a su patrocinada la "jurisprudencia consolidada" del Tribunal Supremo en torno a la denominada 'doctrina Botín', al considerar que se están vulnerando sus "derechos fundamentales".

Así, ha solicitado la nulidad de la apertura del juicio oral contra la infanta, al aseverar que Manos Limpias "no puede sostener en solitario la acusación en solitario contra Doña Cristina". El letrado ha reclamado así que se dicte el archivo de la imputación de la mujer de Iñaki Urdangarin y, en esta línea, ha apuntado que, "para evitar que se vulnere la Ley, no pedimos que se aplique la doctrina Botín, sino la jurisprudencia consolidada del TS al respecto" "Claro que hubo una sentencia inicial [relativa al que fuera presidente de Banco Santander, Emilio Botín, que no fue sometido a juicio en el llamado caso 'cesiones de crédito' por solicitarlo únicamente la acusación popular], pero luego otra, que sin contradecir la primera, la complementó, y otra más", ha incidido. Es más, ha apuntado que hay siete pronunciamientos por parte de Audiencias Provinciales que avalan la anterior jurisprudencia, en alusión a diversos autos dictados por las dependencias judiciales de Toledo, Murcia, Madrid y Baleares que han aplicado este mismo supuesto.

El tribunal formado por las juezas Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín dispone de cuatro semanas de plazo para decidir al respecto antes de la continuación del juicio, prevista el próximo 9 de febrero. Desde esa fecha hasta el 26 de febrero, declararán los acusados y tras ellos, los 352 testigos (del 8 de marzo al 17 de mayo).

Más de 100 años de cárcel

El tribunal juzgará la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, que percibieron unos 3,5 millones de las administraciones públicas valencianas, 2,5 millones del Govern balear y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid, así como fraude a Hacienda.

Urdangarin y Torres, durante la vista de hoy. EFE

Ellos son los principales acusados, pero la presunta red artificial de los dos socios arrastra como responsables civiles a título lucrativo a la infanta Cristina y a Ana María Tejeiro, esposa de Torres, por haberse beneficiado y destinado los ingresos a gastos personales y familiares.

También figuran entre los acusados los hermanos de Ana María Tejeiro, Marco Antonio y Miguel, y el expresidente balear Jaume Matas. La lista la completan los antiguos altos cargos autonómicos baleares José Luis Ballester, Gonzalo Bernal, Juan Carlos Alía y Miguel Ángel Bonet; los exresponsables públicos valencianos Alfonso Grau, Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado; la ex consejera delegada de Madrid 16, Mercedes Coghen, y el asesor fiscal Salvador Trinxet.

Además, doña Cristina está acusada por Manos Limpias de cooperar en los delitos fiscales y Tejeiro de blanquear capitales.