Un informe recoge 54 denuncias por tortura en la CAV y Navarra en 2015

El "Informe 2015 sobre la Tortura en el Estado Español" recoge un total de 48 denuncias por torturas y malos tratos a cargo de funcionarios públicos en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y 6 en Navarra. Sin embargo, en 2015 no se ha contabilizado ninguna posible práctica de torturas a detenidos en situación de incomunicación.

Este informe, que está siendo presentado en distintas ciudades por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, recoge casos de presuntas torturas, malos tratos y muertes en comisarias, prisiones, cuarteles y otros centros de detención, así como en el transcurso de intervenciones policiales en manifestaciones u otro tipo de situaciones.

La portavoz de la coordinadora, Lorea Bilbao, ha recordado hoy en una comparecencia de prensa en Vitoria-Gasteiz que en España han denunciado haber sido víctimas de estas prácticas en 2015 un total de 232 personas, frente a las 961 casos de 2014. Bilbao ha precisado que esta cifra no incluye a todos los afectados porque algunos han sido excluidos del documento voluntariamente y otros no han sido contemplados en él por falta de información.

En la CAV y Navarra, se han registrado 54 denuncias, ninguna de ellas motivada por presuntas torturas policiales a detenidos incomunicados. En los últimos cuatro años no ha habido ninguna detención incomunicada en el País Vasco.

El documento también recoge el número de personas muertas en España cuando se encontraban bajo custodia policial o de funcionarios públicos, un total de 30 (24 presos y 6 en las vías públicas). Esta cifra se eleva hasta los 616 fallecimientos si se tienen en cuenta los últimos 15 años.

Por primera vez, también se incluye una recopilación de sentencias por este tipo de delitos, un total de 95, de las que 43 son condenatorias y 52 absolutorias. En este sentido, 68 funcionarios públicos han sido condenados en 2015 en España por torturas y malos tratos.

El doctor en Sociología y portavoz de la asociación de apoyo a personas presas, Salhaketa, Cesar Manzanos, se ha referido a la bajada del número de denuncias en España y ha señalado el miedo a sufrir represalias, la desconfianza en los tribunales, la crisis económica, y el descenso de las movilizaciones sociales, como las causas que han provocado este descenso.

También ha advertido de las "estrategias de ocultamiento" de estas prácticas y  ha criticado la "nula acción proactiva" de las instancias judiciales y políticas competentes para poner en marcha mecanismos que faciliten la investigación de los malos tratos.

Jueces progresistas piden investigar las denuncias de tortura

Por otra parte, el colectivo progresista Jueces para la Democracia se ha hecho eco este lunes de la resolución del Tribunal Supremo por la cual anulaba una sentencia de la Audiencia Nacional por no investigar las denuncias de torturas, para mostrar su compromiso "con una cultura de defensa activa de los derechos humanos".

En una nota defienden que el alto tribunal anula "desde la valentía y el rigor" la sentencia de la Audiencia Nacional por no haber admitido la prueba pericial psicológica de uno de los acusados en aplicación del Protocolo de Estambul.

Desde el colectivo consideran que se ha producido un "silencio escandaloso" mediático en los medios de comunicación sobre dicha resolución y que responde, según argumentan, "a los intereses del Ministerio del Interior y conocidos sectores reaccionarios", por lo que piden dar "plena difusión" a la misma.