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Los vecinos de Itsaso votarán sobre la desanexión de Ezkio

El próximo 18 de septiembre decidirán si desean conformar un nuevo municipio de 600 habitantes.

Los vecinos de Itsaso (Gipuzkoa) votarán el próximo 18 de septiembre, domingo, si desean desanexionarse o no de Ezkio-Itsaso y conformar un nuevo municipio, que sería el número 89 del territorio. La consulta ha sido convocada por la Diputación de Gipuzkoa y “no es vinculante”, pero la institución foral ha señalado que respetará el resultado.

La pregunta que deberán contestar en las urnas, abiertas entre las 09:00 y las 20:00 horas, los habitantes de este municipio es: "¿Estás a favor de que Itsaso vuelva a ser municipio?".

Los resultados se darán a conocer el mismo día de la consulta y, en caso de que gane el “si”, la Diputación resolverá el expediente con el decreto foral de desanexión, creará una comisión gestora en Itsaso hasta las próximas elecciones y los dos representantes de esta localidad que actualmente están en el pleno municipal de Ezkio-Itsaso dejarán su puesto a dos de Ezkio.

Por su parte, Imanol Lasa, el portavoz de la institución foral, ha destacado que "al dar la voz" a los habitantes de este pequeño municipio guipuzcoano, de poco más de 600 habitantes, "se cierra el círculo de la forma en que se había acordado en un principio".

Además, ha señalado que "en todo momento" los pasos dados han sido "de mutuo acuerdo, entre la Diputación y el Ayuntamiento de Ezkio-Itsaso, con el objeto de "canalizar" el deseo de desanexión que Itsaso ha mostrado "a veces con mayor fuerza y otras con menos".

El Ayuntamiento de Ezkio-Itsaso decidió en sesión plenaria el 16 de marzo de 2015 aprobar la desanexión del término municipal de Itsaso y su constitución en nuevo municipio.

El expediente de esta decisión fue remitido a la Diputación el pasado 4 de abril y, tras varias conversaciones con los agentes implicados, se decidió que sea esta institución la que convoque la consulta popular, concluye el comunicado que ha hecho público la Diputación de Gipuzkoa.

La base jurídica para llevar a cabo la iniciativa reside en la segunda disposición transitoria de la Norma Foral 2/2003 según la cual, los municipios unificados en la década de los años 60 sin tener en cuenta la opinión de los vecinos que quieran desanexionarse no deben cumplir con el requisito de tener más de 2.500 habitantes.

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