Sare advierte que podría desaparecer debido a deudas contraídas

La red ciudadana Sare ha advertido hoy que debido a su "muy precaria" situación económica, el futuro de ese colectivo dependerá de "la solidaridad de la sociedad vasca" y de su interés en que siga trabajando por los derechos de los presos y por la convivencia en paz.

En comparecencia en Bilbao, el portavoz de Sare Joseba Azkarraga ha explicado que la recaudación de la manifestación del 14 de enero organizada para reivindicar los derechos de los presos vascos fue inferior a la de otros años y esa circunstancia, unida al impago de los gastos de la marcha de 2015, cuya recaudación fue "requisada por la Guardia Civil a instancia de la Audiencia Nacional", ha generado una deuda total que ronda los 50.000 euros.

El que fuera consejero de Justicia del Gobierno Vasco de Juan José Ibarretxe ha explicado que el próximo 23 de febrero la Audiencia Nacional celebrará una vistilla en la que se verá el recurso de Sare en el que se solicita la recusación de dos de los tres jueces que deben resolver el proceso abierto sobre su reclamación para que se les devuelvan los 104.000 euros recaudados en una manifestación en enero de 2015.

Azkarraga ha desconfiado de que se vaya a atender la petición de los letrados de Sare sobre la recusación de Concepción Espejel y Enrique López, por su "afinidad" con el PP.

Por ello, han realizado un llamamiento a los ciudadanos vascos para que, si se resuelve en contra de Sare y "se vuelve a insistir en la injusticia" para impedir devolver el dinero requisado, se movilicen y den "un apoyo activo y contundente" en aras a que la red ciudadana pueda seguir haciendo su labor.

Félix Cañada, que estaba entre las personas que se encargaron de precintar las bolsas con los 43.930 euros de la recaudación de este año y de enviarlas a un servicio blindado que lo custodió hasta su ingreso en un banco, ha detallado que con esa cantidad se han pagado parte de los gastos de imprenta, sonido e instalación de carpas de la marcha, pero que también han tenido que hacer frente al impago de unos 18.000 euros pendientes de la marcha de 2015.

Desde Sare han reconocido que unas 80.000 personas secundaron la convocatoria de este año, según publicaron varios medios, lo cual supone "más gente que otros años" y, sin embargo, la recaudación fue inferior.

Azkarraga ha recordado que el colectivo "arrastra una importante deuda desde esa fecha maldita de enero de 2015" cuando intervino la Audiencia Nacional y atraviesa "una situación económica enormemente complicada", aunque sus miembros mantienen "la firme voluntad de hacerle frente" para que Sare pueda seguir "siendo la referencia en la sociedad vasca de la demanda de los derechos de las personas presas".

"Los ciudadanos no van a permitir que aquella actuación político-judicial, fuera de toda lógica democrática, posibilite" el final de Sare, ha sentenciado.

Así, ha pedido a los vascos que estén atentos a lo que resuelva el tribunal el 23 de febrero, y "si ese día se adopta una resolución para hurtarnos nuestros derechos y también nuestro dinero, deberá ser la sociedad vasca la que, con su solidaridad o no, decida el futuro de la red ciudadana Sare".

"Casi dejamos en manos de la sociedad vasca el futuro de esta red ciudadana Sare", ha sentenciado.