Caso Cabieces
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La Fiscalía pide 2 años de cárcel para Fernández, Cabieces y Alcorta

Considera que 'hay pruebas suficientes para condenarles'. Dice que 'no hay prueba tangible' del trabajo realizado por Cabieces, pero que, en todo caso, Kutxabank 'salía perdiendo'.
18:00 - 20:00
La Fiscalía pide 2 años de cárcel para Fernández, Cabieces y Alcorta

El juicio por las presuntas irregularidades en el pago por parte de Kutxabank de 240.000 euros al exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces, a través del despacho de abogados de Alcorta, ha finalizado este viernes en la Audiencia de Bizkaia tras la lectura de las conclusiones de las partes, por lo que el juicio del caso Cabieces ha quedado visto para sentencia

Así, la Fiscalía mantiene la petición de dos años de cárcel para el expresidente de Kutxabank Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno español en la CAV, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alcorta, al considerar que "hay pruebas suficientes para condenarles". Además, ha asegurado que "no hay una sola prueba tangible" del trabajo realizado por Cabieces, pero ha explicado que, en todo caso, lo hiciera o no, Kutxabank "salía perdiendo".

Así, durante la lectura de sus conclusiones, que ha elevado a definitivas, el fiscal ha afirmado que hay "pruebas suficientes" para que se dicte una sentencia condenatoria y cree que los encausados actuaron de "común acuerdo" para causar "quebranto" al banco. A su juicio, se produjo una decisión de "beneficiar económicamente" a un tercero --Cabieces-- en detrimento del patrimonio de la entidad financiera.

La acusación popular se suma a la petición

Por su parte, la acusación particular se ha adherido a las conclusiones del ministerio público, aunque subsidiariamente mantiene que se condene a tres años y medio de cárcel al exdelegado del Gobierno y Alcorta, y a dos años y tres meses de prisión a Fernández.

La abogada de la acusación popular, Jone Goirizelaia ha afirmado ante el tribunal que este caso "evidencia" la existencia de las "puertas giratorias", ya que Fernández ha reconocido que intervino para posibilitar unos pagos mensuales a Cabieces después de haber recibido la llamada de líderes de partidos políticos.

"La trama para permitir esos pagos la ideó Fernández", y dentro del banco y el propio Alcorta "se limitaron a cumplir sus ordenes", que se reflejaron en el documento firmado por Mario Fernández y Cabieces en febrero de 2012, ha señalado la abogada, quien ha recordado que todo lo recogido en el mismo se fue produciendo "de manera correlativa" y se pagaron exactamente las cantidades que marcaba.

Además, ha hecho hincapié en que Kutxabank abonó al despacho Alcorta 900 euros en gastos de viaje "tal y como se anunciaba en el documento de 2012, a pesar de que Cabieces no viajó para poder cobrarlos".

Goirizelaia ha pedido a la sala que valore la negativa de los tres acusados a contestar a sus preguntas y que dé por buenos los relatos de las acusaciones.

Las defensas piden la absolución

La lectura de las defensas ha diferido de las de las acusaciones y han reclamado la absolución de sus defendidos desde la premisa de que no hubo perjuicio económico para la entidad por su actuación.

El abogado Carlos Bueren ha asegurado ante el tribunal que su cliente, Mario Fernández, "no solo no causó perjuicio económico alguno a Kutxabank", sino que su actuación fue "beneficiosa" para los intereses de la entidad y ha pedido para él que "una sentencia justa" advirtiendo que "está en juego el honor de una persona".

Por su parte, el abogado Javier Beramendi, representante legal de Alcorta, ha explicado que su defendido tuvo que aceptar la orden de Kutxabank de que el exdelegado del Gobierno empezara a cobrar todos los meses de su despacho como colaborador y no pudo oponerse a ello porque tenía contrato de iguala con la entidad.

Finalmente, Jesús Urraza, letrado de Mikel Cabieces, ha asegurado que el exdelegado del Gobierno estaba perfectamente capacitado profesionalmente para asumir esa colaboración en materia laboral con la asesoría de Alcorta, como así lo hizo, si bien su trabajo no tuvo visibilidad pública porque así lo había ordenado Kutxabank.

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