Un experto de la ONU avala la ley vasca de víctimas de abusos policiales
El expresidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Fabián Salvioli, ha presentado este lunes las conclusiones del estudio que ha realizado sobre la Ley 12/2016, también conocida como ley de víctimas de abusos policiales, que concluye que esta norma es "perfectamente compatible con el derecho internacional", y ha defendido que "el Estado debe aplicarla porque no hacerlo significaría incumplir con lo que señalan los tratados internacionales y con lo que los órganos internacionales han dicho al examinar a España en el plano de Naciones Unidas".
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mantenido en Lehendakaritza un encuentro con Salvioli, quien le ha presentado las conclusiones del estudio. La ley fue aprobada por el Parlamento Vasco en julio del año pasado, con el apoyo del PNV y el PSE-EE, el voto en contra del PP y UPyD, y la abstención de EH Bildu.
El texto busca dar respuesta a la situación de un colectivo de víctimas que "no han sido reconocidas ni reparadas" hasta la fecha, y cuya existencia, según constata la propia Ley, "ha quedado reconocida en informes de organismos internacionales de derechos humanos". La ley tiene como objetivo regular la reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos policiales cometidos en Euskadi entre 1978 y 1999, y da continuación aldecreto que aprobó el Gobierno Vasco de Patxi López en 2012 para atender a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos del período comprendido entre 1960 y 1978.
El Gobierno de Mariano Rajoy anunció su intención de recurrir esta ley con el argumento de que algunos de sus preceptos vulneran la Constitución e infringen varias competencias exclusivas estatales, aunque el recurso ante el Tribunal Constitucional aún no ha sido interpuesto a la espera de que antes del 10 de mayo pueda producirse un acuerdo entre ambas administraciones en el seno de la comisión bilateral.
La ley se ajusta a la normativa europea "a rajatabla"
Tras el encuentro con Urkullu, el ex presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha comparecido ante los medios de comunicación junto al secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández.
El expresidente del comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha explicado que la ley va en la dirección indicada por el derecho internacional y por los estándares construidos en materia de reparaciones a víctimas de violaciones de los derechos humanos.
Salvioli ha concluido en su informe que el contenido de la normativa se ajusta "a rajatabla" a la "consistente jurisprudencia internacional" y cumple con los dictámenes de órganos internacionales en materia de reparación.
El experto añade que las indemnizaciones y reparaciones a estas víctimas "coadyuvan al cumplimiento del derecho a la verdad" y considera que la legislación vasca "será objeto de valoración muy positiva" por parte de los órganos internacionales de supervisión de los derechos humanos.
Según Salvioli, la norma responde a "una obligación que el Estado debe cumplir" y ha dejado claro que no se inmiscuye en cuestiones del código penal.
El Gobierno Vasco hará "todo lo posible" para evitar el recurso
El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, por su parte, ha anunciado que van a hacer "todo lo posible" para alcanzar un acuerdo para que el Gobierno central no recurra la ley y espera que este dictamen, que ya han trasladado al gobierno de Rajoy, sea un elemento que aporte "objetividad y claridad en este proceso".
Jonan Fernández ha recordado que la ley vasca ha sido acreditada por expertos "imparciales" durante su tramitación parlamentaria y ahora, con el informe de Salvioli, se confirma que se ajusta a los mandatos internacionales en materia de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos.
Ha enfatizado que el principio "de centralidad" de las víctimas es "inapelable" y tiene un "profundo valor pedagógico para la memoria y la convivencia".
En este sentido, ha destacado la importancia de que sean reconocidos todos los afectados por vulneraciones de derechos humanos, "también los causadas por abuso de poder o por un indebido uso de la fuerza por parte del Estado".
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