Familiares de los jóvenes de Alsasua recurrirán al Supremo y anuncian movilizaciones

Familiares de los jóvenes de Alsasua condenados a penas de 2 a 13 años de cárcel por la trifulca con dos guardias civiles en 2016 han denunciado este sábado "la utilización torticera de la calificación de terrorismo que ha hecho la Audiencia Nacional".

Isabel Pozueta e Idoya Goikoetxea, en representación de los colectivos Altsasu Gurasoak y Altsasukoak Aske, han afirmado en conferencia de prensa que llevan casi dos años y medio "sumidos en un oscuro túnel de dolor y sufrimiento" y aún no intuyen el día en que verán "la luz al final del túnel".

La Audiencia Nacional, han explicado, "no es un órgano de Justicia, no obra con criterios de Justicia, no busca Justicia, no hace Justicia".

"Con esta nueva sentencia se demuestra su afán de venganza, de servidumbre a la Guardia Civil, de avanzar por la senda de recortes de libertades y derechos hacia un modelo punitivo y de impunidad para las fuerzas de seguridad. La sentencia vuelve a castigar a nuestros hijos con condenas completamente desproporcionadas", han aseverado.

Incluso si el relato en que se sustenta la sentencia "fuera verdad", han considerado, "las penas de abultados años de cárcel son una barbaridad", ya que "la lesión más grave es un tobillo roto, una pequeña herida en el labio y unas contusiones y unas rozaduras".

En el mismo año en que ocurrieron los hechos, en 2016, han agregado, hubo 971 casos de atentado a la autoridad, pero "ninguno se instruyó ni se enjuició con la calificación de terrorismo. Ninguno fue enjuiciado por la Audiencia Nacional. Ninguno llegó a castigos tan alarmantes incluso en el caso de utilización de armas, o atropellos con vehículos".

Por ello, han subrayado que "la utilización torticera de la calificación de terrorismo" por parte de la Audiencia Nacional "buscaba distorsionar el procedimiento judicial para imponer un castigo preventivo y arrogarse el caso frente al criterio de la Audiencia Provincial de Navarra".

"No se les condena por terrorismo, pero se les imponen penas como si fuesen terroristas. Todo esto ha sido y es un auténtico abuso de poder", han lamentado.

En el documento se menciona "una evidencia que echa por tierra toda la sentencia y cuestiona y pone en duda la veracidad del relato de las acusaciones", que es el vídeo en el que se muestran los instantes posteriores a los hechos.

En ese vídeo, han afirmado, "se evidencia que los denunciantes han mentido e introduce serias dudas sobre la veracidad del relato" y por este motivo "la jueza instructora y el tribunal impidieron hasta el último momento la inclusión de dicha prueba".

Además, han criticado que la utilización del agravante de discriminación "abre la puerta a un uso extensivo del modelo punitivo y vengativo en función de criterios políticos e ideológicos".

Pese a todo, han confirmado que seguirán "dando la batalla jurídica" y en este sentido han anunciado que el próximo paso es el recurso ante el Tribunal Supremo.

Por último, han hecho un llamamiento a participar en una manifestación convocada para el próximo 24 de marzo en Alsasua bajo el lema "¡Esto no es Justicia!".