Eneko Goia será citado a declarar como testigo en el caso Bidegi
El alcalde en funciones de Donostia-San Sebastián, Eneko Goia (PNV), será citado a declarar como testigo por el Juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia en relación con una de las querellas del llamado caso Bidegi, mientras que el diputado general, Markel Olano, cuya presencia había sido requerida por la acción popular, no tendrá que acudir.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha estimado parcialmente un recurso de la acción popular del caso Bidegi -los exjunteros de EH Bildu Inko Iriarte, Judit García, Iban Asenjo y Jon Albizu- contra un auto de febrero de 2019 en el que el juzgado de Azpeitia consideraba que no era necesaria la declaración de varios testigos, entre ellos Olano y Goia.
Ambos fueron citados en junio de 2015, pero finalmente no llegaron a declarar, mientras que la investigación se prolongaba debido a la complejidad de los informes periciales y otras diligencias propuestas, lo que llevó al juzgado a prorrogar la instrucción, en junio de 2017, hasta un máximo de 5 años.
La Audiencia Provincial ha decretado que se llame a declarar como testigos a Goia, al alcalde en funciones de Lazkao, Félix Urkola (PNV) -quien era director de Gestión y Planificación de la Diputación cuando sucedieron los hechos-, y al exdirector de carreteras Luis María Apraiz, así como a una técnica de la ingeniería IDOM.
La investigación sobre el caso Bidegi comenzó en noviembre de 2014, cuando la Diputación de Gipuzkoa, entonces gobernada por EH Bildu, presentó una querella por malversación de fondos públicos y falsificación de documentos relacionados con la construcción de la autopista AP-1.
Esta primera querella está relacionada con un depósito de sobrantes, excavaciones y movimientos de tierra en un tramo (Eskoriatza Norte-Arrasate Norte) de la AP-1, en el que la acusación calculaba un presunto fraude de 13,6 millones de euros. Esta querella fue ampliada posteriormente al entender que las irregularidades se extendieron a los trabajos de los túneles de Apotzaga, Izurieta y Gurutze Txiki.
Posteriormente, la Diputación presentó una segunda querella por una presunta malversación de fondos públicos de 17,1 millones de euros y un presunto delito de falsificación documental en los pagos de los trabajos del túnel de Isuskitza.
La citación de Goia está vinculada con la segunda querella, ya que presidió la reunión del 24 de enero de 2011 del Consejo Mixto (formado por las diputaciones de Gipuzkoa y Álava) en la que se aprobó la aportación de Arabat -la sociedad pública que gestiona las autopistas del territorio alavés- a Bidegi por los 1.300 metros del tramo Eskoriatza-Arlaban de la AP-1 que discurren por territorio alavés.
En contra del criterio del juzgado de Azpeitia, la Audiencia sostiene en su auto, fechado el 6 de junio, que las declaraciones de Goia, Apraiz y Urkola son relevantes.
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