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El PSOE matiza que no derogará íntegramente de inmediato la reforma laboral

Por su parte, las patronales CEOE y Cepyme han rechazado "con total rotundidad" el acuerdo sobre la reforma laboral, que consideran una "irresponsabilidad mayúscula".
La diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua.
La diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Foto de archivo: EFE

El PSOE ha rectificado el acuerdo alcanzado con EH Bildu, y ya no derogará integramente la reforma laboral del PP antes de que acaben las medidas extraordinarias por el coronavirus, un acuerdo que había permitido la abstención de EH Bildu en la votación para la prórroga del estado de alarma.

En una "nota aclaratoria" difundida a última hora de este miércoles, el PSOE informa de que queda anulado el punto primero del acuerdo con EH Bildu, que establecía que se derogaría "de manera íntegra" la reforma laboral del año 2012, y que esa derogación debería ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordianarias adoptadas por el Gobierno de España por la COVID-19.

En el comunicado, el partido liderado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha aclarado que se derogarán únicamente la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo, y la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Horas antes, EH Bildu había anunciado que había que llegado a un acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos para derogar la reforma laboral y, fruto de la negociación, sus cinco diputados se habían abstenido en la votación de la prórroga del estado de alarma. En un comunicado, la formación soberanista destacaba que el acuerdo recoge que la derogación de esta ley se realizaría antes de que finalicen las medidas extraordinarias por la pandemia.

Según EH Bildu, en base a este pacto, las entidades locales, forales y autonómicas "dispondrán de mayor capacidad de gasto en políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales de la crisis".

En palabras de EH Bildu, el PSOE y Unidas Podemos se han comprometido a que los gastos en políticas sociales de las entidades locales "sean exceptuados del cómputo de la regla de gasto", y a que la capacidad de endeudamiento de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra "se establezca exclusivamente en función de sus situaciones financieras".

A cambio de esos cuatro compromisos, los cinco diputados de EH Bildu en el Congreso han decidido abstenerse para no obstaculizar la quinta prórroga del estado de alarma.

Las patronales rechazan el acuerdo

Por su parte, las patronales CEOE y Cepyme han rechazado "con total rotundidad" el acuerdo sobre la reforma laboral, que consideran una "irresponsabilidad mayúscula" que "dinamita" el diálogo social.

En un comunicado, la patronal añade que "tendrá unas consecuencias negativas incalculables" en la economía española y en la confianza empresarial, lo que "impactará de forma profundamente negativa en el empleo".

Supone, añaden, "un desprecio indignante al diálogo social, al que dinamita; al papel que la propia Constitución otorga a los agentes sociales y, en este sentido, a las propias instituciones del Estado en el momento más delicado de la economía española y, por tanto, cuando este diálogo se hace más necesario".

Y recuerda que se produce en un momento en el que el Gobierno aborda con patronal y sindicatos medidas de flexibilidad en el ámbito laboral para garantizar la subsistencia de miles de empresas y millones de empleos, en los sectores más castigados por la COVID-19.

De esta forma, apuntan, se echarán por tierra todos los esfuerzos realizados para, a través de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), lograr hibernar las plantillas y salvaguardar millones de puestos de trabajo.

También afea que se ignoren las recomendaciones emitidas por la Comisión Europea, en las que plantea la necesidad de fundamentar la recuperación a medio plazo en medidas de apoyo al empleo tomadas de acuerdo con los interlocutores sociales, tales como la flexibilización de las condiciones laborales.

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