LAB pide imputar a Darpón y Múgica por "asociación ilícita" en el caso de la OPE
El sindicato LAB ha pedido que Jon Darpón, exconsejero de Salud; María Jesús Múgica, exdirectora de Osakidetza; y otros tres altos cargos del Servicio Vasco de Salud sean imputados por "asociación ilícita" en la investigación abierta en un juzgado por la supuesta filtración de exámenes en la OPE 2016-2017.
Los otros tres cargos para los que se solicita tal imputación son Juan Carlos Soto, el exdirector de Recursos Humanos de Osakidetza, Xabier Balerdi, el exsubdirector, y Andoni Arcelay, el director de Asistencia Sanitaria.
Así lo ha anunciado Gorka Berasategi, el secretario de la Federación de Servicios Públicos de LAB, antes de que se iniciara esta mañana en el Juzgado de Instrucción 2 de Vitoria la declaración como imputados del jefe de Servicio de Neurocirugía de la OSI de Bilbao-Basurto y de la responsable de Neurofisiología de la OSI de Álava.
LAB, que está personada en esta causa como acusación popular, quiere así dar un "salto cualitativo" en este proceso, en el que de momento la imputación que se formula de manera preliminar contra las personas hasta ahora investigadas, un total de cinco (los hoy llamados a declarar y los jefes médicos de Anestesiología, Angiología y Digestivo que ya han pasado por el juzgado), es la de revelación de secretos.
En el proceso también está personado el sindicato ESK cuyo portavoz Patxi Nicolau ha argumentado esta mañana ante el Palacio de Justicia que considera que en Osakidetza existe "de manera de estructural" un proceso de asignación "fraudulenta" de las plazas y que van a apoyar la petición de LAB.
LAB mantiene en su petición de imputación adicional de asociación ilícita que Darpón, Murga, Soto, Balerdi y Arcelay, "amparados en su condición de altos cargos de la administración, y responsables por tanto de dirigir la OPE, idearon, diseñaron y pusieron en práctica una estrategia eficaz para garantizar la existencia y mantenimiento de una red clientelar" en la adjudicación de plazas de especialidades médicas que asegurara "una fácil gobernanza".
De este modo se permitiría "sin contestación la implementación de cualquier medida" que quisieran imponer, incluidos "recortes", al existir "un silencio previamente comprado".
El abogado de la central Iñigo Santxo ha argumentado que LAB ha querido desde el primer momento impulsar una investigación a fondo, no quedarse en la "punta del iceberg" y que se depuren todas las responsabilidades.
Santxo ha explicado que en la OPE que se investiga Osakidetza utilizó de forma "instrumental" al IVAP, encargado de preparar los exámenes, ya que el Servicio Vasco de Salud se reservó la designación de los tribunales y facilitó al Instituto Vasco de Administración Pública una lista única para elegir a las personas que debían redactar el examen teórico, por lo que la dirección de Osakidetza mantenía el "control total" sobre la OPE.
En su opinión se conformó una especie de "tejado delictivo" para "garantizar ese control total, la asignación prevista de todas las plazas", y en el que el "núcleo" estaba compuesto por Darpón, Múgica y los otros tres cargos de Osakidetza para los que se pide ahora la imputación de asociación ilícita.
Santxo ha recordado que el delito de asociación ilícita requiere de tres requisitos, que se dan en este caso: que sean tres personas más, que sea algo estable en el tiempo y que tenga una finalidad delictiva, que también se da, porque lo que pretendían era hacer "una asignación de plazas a unas personas quebrando los principios de capacidad, mérito e igualdad que tienen que guiar cualquier oferta pública de empleo".
Además de la solicitud de esta ampliación de la imputación, LAB va a pedir al juzgado la práctica de 30 diligencias (entre oficios y declaraciones de testigos) y que se adopten medidas de refuerzo para que todas ellas se puedan practicar dentro de los plazos legales.
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