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Cuatro expresidentes del Gobierno español apoyan a Martin Villa ante la jueza Servini

Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy le han mostrado su apoyo. La jueza le ha citado para que declare por vía telemática el día 3 de septiembre.
Rueda de prensa en contra de crímenes del franquismo. Foto de archivo: Asociación 3 de Marzo

El exministro de Interior Rodolfo Martín Villa, que declarará el jueves ante la jueza argentina María Servini que investiga supuestos crímenes en la dictadura franquista, le ha remitido una veintena de cartas en su apoyo a título individual, entre ellas de cuatro expresidentes del Gobierno español.

Las ha incluido como archivos adjuntos de un escrito en el que explica los hechos que se le imputan a modo de declaración escrita, pese a que el día 3 la jueza le ha citado para que declare por vía telemática desde la Embajada de Argentina en Madrid.

Según informan la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo y fuentes próximas a Martín Villa, el exministro ha aportado a la causa una serie de cartas, a título individual, de exlíderes políticos y sindicales, que han sido elaboradas la inmensa mayoría este verano como muestra de apoyo a su carrera política.

Entre ellas, sobresalen las de los últimos cuatro expresidentes del Gobierno: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, así como del alto representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell.

La jueza acusa a Martin Villa de 12 muertes causadas por disparos ocasionados por las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado que él dirigía cuando estaba al frente de Interior (1976-1979) y a los que, según CEAQUA, alude como "actuaciones desgraciadas" o simples "errores".

En un comunicado difundido este lunes, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA) de la que forman parte, entre otros la Asociación 3 de Marzo y Sanfermines 78:GOGOAN!, ha denunciado que se trata de un intento burdo y grotesco de ejercitar una presión política sobre la Jueza Servini, "inaceptable desde cualquier punto de vista estrictamente jurídico-procesal y desde un punto de vista democrático". 

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