El Gobierno Vasco entrega el informe sobre el caso 'Naparra' a su familia

El informe elaborado por el Gobierno Vasco junto con la Universidad Pública Vasca (UPV/EHU) sobre el caso Naparra concluye que las investigaciones llevadas a cabo han sido "deficientes" desde un inicio, "lastradas por el escoramiento" a una de las hipótesis y "no proactivas".

El Gobierno Vasco ha entregado este miércoles a la familia de José Miguel Etxeberria Naparra, miembro de Comandos Autónomos Anticapitalistas desaparecido en 1980 en Iparralde, el informe elaborado por la cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU que recoge la descripción de los hechos, un análisis jurídico del caso y su cabida en el derecho internacional.

El documento ha sido presentado en una rueda de prensa en la que han participado la directora de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Monika Hernando, los responsables del trabajo Jon Mirena Landa y Bertha Gaztelumendi y el hermano de José Miguel Etxeberria, Eneko Etxeberria.

Hernando ha afirmado que el caso "sigue siendo un delito actual" y ha defendido que el informe puede ser un instrumento para avanzar en la investigación.

Revela que lo sucedido "fue injusto" y pretende ser un reconocimiento político y social a la familia de Etxeberria por el dolor que ha sufrido, "aunque llega tarde", ha reconocido.

Hernando ha incidido en que el hecho de que haya sido impulsado desde instituciones públicas entre las que están "un gobierno, la universidad" que ponen los ojos en este caso puede "servir para intentar que se sepa la verdad".

También ha dicho que es un "ejercicio de responsabilidad" hacia el compromiso de defender a las víctimas y los derechos humanos.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a las personas que tengan algún dato sobre este asunto a que, de manera anónima, hagan llegar la información con el fin de aliviar el dolor de la familia.

Por su parte, Jon Mirena ha detallado que en la desaparición de Naparra se manejaron dos hipótesis: la que apuntaba a la autoría del Batallón Vasco Español, que reivindicó el secuestro y asesinato cinco veces, y la que atribuía a un ajuste de cuentas de los Comandos Autónomos Anticapitalistas.

El informe concluye que la investigación fue "muy deficiente" tanto en Francia como en España ya que ambas fueron renuentes a investigar la primera de las posibilidades y otorgaron atención a la segunda.

En 1999 tras la querella interpuesta por la familia se abrió un procedimiento en la Audiencia Nacional, pero el juez "se resistió a practicar muchas diligencias" y se aprecia una actitud "no proactiva", ha indicado Mirena.

El caso fue archivado en 2004 por el juez Ismael Moreno pero se reabrió en 2016 después de que la familia presentara nuevos datos que situaban el cuerpo de Naparra en  las proximidades de Mont de Marsans.

El forense Paco Etxeberria identificó dos posibles lugares del enterramiento, que denominó como zonas A y B, dando a la primera más probabilidad de ser la correcta.

En 2017 se excavó en la zona B, en la que no se halló el cuerpo, tras lo cual la familia volvió a recurrir por lo que la sala segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional falló a su favor y solicitó en mayo de 2018 una nueva comisión rogatoria para excavar en la segunda zona.

Desde entonces la familia no tiene noticias, ha indicado Eneko Etxeberria, que ha agradecido a la UPV/EHU y al Ejecutivo Vasco el trabajo realizado y ha destacado la "falta de voluntad política para sacar a la luz todos los casos" como el de su hermano y "todas las vulneraciones de derechos que ha habido".

Así ha urgido cambiar la Ley de Secretos Oficiales de 1968 para "poder aflorar toda esa verdad que sigue oculta de todo lo que ha acontecido en este país con el objetivo de seguir adelante y tener una convivenccia plena entre nosotros mirando al futuro pero sin olvidar el pasado".

El caso ha sido considerado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas desde 2014 y en 2019 en el periodo de sesiones celebrado en Ginebra no se consideró suficiente la información proporcionada por el Gobierno por lo que seguirá siendo analizado en futuras sesiones, señala el Gobierno Vasco.