La Guardia Civil sitúa el inicio de la investigación en documentos incautados a López Peña en 2008

La tercera sesión del juicio por el sumario 13/13 ha comenzado con retraso, en ella han declarado dos agentes de la Guardia Civil. Lo han hecho con medidas de protección, identificados únicamente por el número de agente.

El primero ha sido el agente que actuó como secretario del atestado policial, el Fiscal le ha preguntado por el origen de la investigación que diera lugar al sumario 13/13. Según ha explicado el guardia, la investigación comenzó tras la detención en Francia, el 20 de mayo de 2008, de Francisco Javier Lopez Peña (fallecido en 2013), Jon Salaberria, Ainhoa Ozaeta e Igor Suberbiola. 

Según el agente, la documentación incautada no era exclusiva del aparato político, sino que entre los 120 000 documentos incautados, había también material sobre la gestión y cobro del impuesto y sobre objetivos de la organización. Fue en esa documentación que los cuerpos policiales observaron, por primera vez, una estructura activa que denominaban Halboka, en cuyo seno sitúan el 'frente jurídico', "conformado, mayoritariamente, por abogados próximos a ETA", entre los que estarían, según la acusación, los procesados.

A partir de esa documentación la Guardia Civil elaboró un informe que registró en el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, en el que vinculaba a los imputados con distintos alias. Lo registró el 12 de abril de 2010, obteniendo el permiso para entrada y registro de los despachos y domicilios de los procesados. El permiso concedido no tardó en materializarse; solo dos días después, el 14 de abril, fueron detenidas las personas procesadas.

El agente ha reconocido la participación del CNI en la investigación. Ha explicado que el CNI daba a la Guardia Civil información concreta sobre hechos concretos: "No teníamos acceso al material del CNI en su totalidad, ellos nos aportaban datos que íbamos solicitando, datos, mensajes o extractos de conversaciones".  La Guardia Civil no tenía autorización del juez para intervenir telefónicamente a las personas investigadas.

El agente ha explicado que en un pendrive localizado en el despacho de abogados de Bilbao se encontró información sobre la localización de un zulo, y que las especificaciones del mismo permitieron localizarlo "fácilmente".

Tanto la presidenta del tribunal Ángela Murillo como las defensas han reprochado al Fiscal, que el agente haya contestado a las preguntas en aparente calidad de perito, cuando había sido convocado como testigo. Este agente, si bien ha asegurado que fue el autor del informe, nunca estuvo en los registros, su trabajo fue el de recoger en un informe las informaciones que le hacían llegar de los registros.  La defensa ha protestado: "está testificando sobre registros en los que él no ha estado".

Por su parte, la abogada Jone Goirizelaia, le ha preguntado sobre las fuentes de información que utilizaron para redactar el informe, ya que, si bien el agente ha indicado inicialmente que el informe estaba elaborado a partir de la documentación incautada a los detenidos en 2008, en el auto se hace referencia a aspectos personales de los acusados, en este caso de su defendida Naia Zuriarrain, que no figuraban en dicha documentación obtenida de las detenciones previas.

"De qué comisión rogatoria o documentación ha obtenido la información de que Naia Zuriarrain tiene una hermana que se llama Eider. En qué documento al que haya tenido usted figura que visite en prisión a su compañero sentimental?" ha preguntado Goirizelaia al agente, a lo que este ha contestado que esa información "no está en ningún documento; este es un informe donde concfluyen documentaciones, investigaciones policiales y otra serie de cuestiones que no tienen que ver con la documentación incautada". 

Agente presente en los registros

El segundo agente que ha declarado hoy ha testificado sobre los registros de la oficina y los domicilios de Zulueta y Zuriarrain, en los que estuvo presente. Ha relatado que les llamó la atención encontrar varios dispositivos informáticos en sitios inusuales, como detrás de un cuadro, en una caja en el baño o una funda de una tabla de surf. De cualquier modo, el agente ha aclarado que, aunque el participó en los registros, no le correspondía a él el análisis de dichos dispositivos, por lo que ingora su contenido.

Este segundo agente ha reconocido que conocía el despacho de abogados de la calle Elcano, de una ocasión anterior, en la que participó en la detención del abogado Iñaki Goioaga, en 2009.

Ha admitido que, el día del registro, el 14 de abril de 2010, el letrado del Colegio de Abogados no estaba en el lugar en el momento de entrar, por lo que la Guardia Civil procedió a desalojar el despacho y precintarlo: "quisimos preservar la investigación, y garantizar, por ejemplo, que los ordenadores no se apagan. Una vez que vino el letrado, lo volvimos a desprecintar". 

Precisamente, el letrado del Colegio de Abogados formuló una protesta por vulnerar el secreto profesional, protesta que el agente no recuerda.

El agente ha afirmado que, una vez comenzado el registro, la Guardia Civil no obstaculizó que el resto de personas que se encontraban en el local pudiesen seguir trabajando.

Tras la declaración de este segundo agente, el juicio ha quedado suspendido hasta el 27 de julio. El Tribunal ha estimado, además, la petición de Zuriarrain y Agirre de ser eximidas de presentarse a algunas sesiones por cuidado de menores.

La defensa denuncia irregularidades

La sesión celebrada ayer, estuvo marcada por las declaraciones de tortura de dos de las encausadas, Naia Zurriarain y Saioa Agirre, que relataron haber sido torturadas durante el periodo de incomunicación tras ser detenidas. Además, Arantza Zulueta y el resto de procesados, negaron ser miembros de Halboka o ETA, y negaron, asímismo, haber colaborado con la organización ni en el cobro del impuesto revolucionario, ni en la búsqueda de objetivos, ni en gestiones de cualquier otra índole. Defendieron que su labor había sido la de asistir a las personas que decidían asumir la vía penitenciaria.

La defensa ha afirmado en reiteradas ocasiones que el proceso "nace viciado de nulidad" porque "hay irregularidades en los registros, escuchas ilegales, evidencias de torturas y malos tratos, y vulneración del derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por la misma causa", irregularidades que denunciaron e hicieron constar en la sesión de las cuestiones previas del lunes.

Los siete abogados encausados en el sumario 13/13 -cuyo juez instructor fue el ahora ministro Fernando Grande-Marlaska- son Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Naia Zuriarrain, Julen Zelarain, Iker Sarriegi, Saioa Agirre y Nerea Redondo. Juan Mari Jauregi, quien estaba también encausado, no será finalmente procesado por cuestiones de salud.