Memoria histórica
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El Gobierno español aprueba la Ley de Memoria Democrática

El Ejecutivo exhumará del Valle de los Caídos a Primo de Rivera y retirará los títulos que dio Franco. El Gobierno Vasco reclama reformar la Ley de Secretos Oficiales y las asosiaciones advierten de que los crímenes del franquismo seguirán sin investigarse.
Imagen de archivo del Valle de los Caídos. Foto: EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Memoria Democrática, una nueva norma que tiene a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura como eje de la "acción política" del Gobierno y que según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, homologa la legislación española al del resto de países europeos.

En su primera intervención en una rueda de prensa tras la reunión del remodelado Gabinete de Pedro Sánchez, Bolaños ha puesto énfasis en que la nueva ley, heredera de la Ley de Memoria Histórica de 2007, cumple con los cuatro principios fundamentales que postulan los organismos internacionales en materia de memoria histórica: verdad, justicia, reparación y deber de memoria.

Para ello, contempla un amplio catálogo de medidas ya recogidas en el anteproyecto que recibió el visto bueno del Ejecutivo el 15 de septiembre y que "ha mejorado", según ha garantizado, tras recoger sugerencias procedentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal y del movimiento memorialista.

Ha citado el ministro las más significativas, entre ellas la obligación del Estado de acometer las labores para la recuperación de los restos de los desaparecidos, la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para resignificar el enclave o la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo.

Eso sí, ha apuntado que la activación de esta Fiscalía no quita las limitaciones que siguen vigentes respecto a la no retroactividad de las normas penales, al tiempo que ha confiado en que durante su tramitación parlamentaria la ley recabe el mayor apoyo posible.

Incluso ha asegurado que el Ejecutivo buscará la "unanimidad" porque entiende que "nadie" puede oponerse a que los familiares de las víctimas recuperen los restos de sus allegados y a una ley que solo quiere rendir homenaje a estas víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.

El Gobierno Vasco pide reformar la Ley de Secretos Oficiales

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolabal, ha valorado la modificación de la Ley española de Memoria Histórica, aunque ha opinado que "el verdadero avance vendrá con la reforma de la Ley de Secretos".

Artolazabal ha declarado que "asignaturas pendientes" como modificar la Ley de Secretos Oficiales son "imprescindibles para avanzar en la construcción de la memoria histórica".

"Las modificaciones de la Ley de Memoria Histórica bienvenidas sean, pero el verdadero avance real vendrá con la reforma de la Ley de Secretos", ha puntualizado.

La consejera ha añadido que, aunque desconoce el texto definitivo aprobado por el Consejo de Ministros, "su música nos suena bien", y ha destacado: "En Euskadi llevamos mucho trabajo realizado. En el Estado español hay mucho más trabajo por recorrer".

"Sin ánimo de venganza o revancha; sin confrontación, ni ánimo de resucitar políticas de bandos y trincheras; pero con la misma rotundidad quiero reafirmar que olvidar y pasar página no es una opción", ha concluido. 

Las plataformas critican que no se elimine la Ley de Amnistía

Por su parte, el portavoz de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo, Josu Ibargutxi, ha afirmado que el anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Histórica, decepciona a las asociaciones memorialistas, al "no tocar" la Ley de Amnistía, "que supone la continuidad de la impunidad de los 40 años de dictadura franquista".

En declaraciones a Europa Press, Ibargutxi ha recordado que la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina, en la que participa la Plataforma Vasca, realizó unas propuestas en sus alegaciones y "pocas" han sido recogidas en el proyecto de Ley.

En todo caso, ha considerado que "es bueno" que se avance respecto a la antigua Ley de 2007, que era "muy floja, pobre", y que fue "absolutamente ninguneada" por los gobiernos de Mariano Rajoy (PP), que la dejaron "en vía muerta".

En este sentido, cree que "se mejora mucho" la norma impulsada por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, pero ha lamentado que "queden en el limbo cuestiones fundamentales como la Ley de Amnistía, de punto y final, que no se toca, y que es la clave de bóveda de la absoluta impunidad de los 40 años de franquismo".

También ha criticado que el proyecto de Ley "hable poco de hacer justicia" y, aunque prevea la constitución de una Fiscalía específica, "deja en manos de cualquier juez o tribunal" los casos, que los puede "tirar por tierra", como ha ocurrido hasta el momento, al considerar que han prescrito, "pese a que los crímenes de lesa humanidad no prescriben", o al ampararse en la Ley de Amnistía.

A su juicio, esta norma de 1977 supone "un muro que erigieron por un pacto del olvido". "El nuevo proyecto de Ley adolece de garantías para la tutela judicial efectiva de las víctimas, porque los jueces tiran para atrás las demandas", ha insistido.

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