MEMORIA DEMOCRÁTICA
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La ley de memoria democrática saldrá adelante al sumar el apoyo de EH Bildu

Concretamente, la coalición votará a favor de la ley después de acordar con el Gobierno español la cesión del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de Donostia, convertir el Fuerte de San Cristobal en lugar de memoria y declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas, entre otros.
La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua
La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua. Foto: EFE.

La ley de memoria democrática saldrá adelante al sumar el apoyo de EH Bildu tras pactar varias enmiendas con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, como la ampliación del límite temporal de 1978 a 1983 para poder revisar más casos, y pese a que con ERC aún no se ha cerrado ningún acuerdo.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha anunciado en rueda de prensa que han llegado a un acuerdo con el Gobierno de España para ampliar la ley de memoria democrática y, entre otros asuntos, aumentar su límite temporal de 1978 a 1983, ya que según ha señalado "las consecuencias del franquismo se mantuvieron" en el tiempo y "esto debería haberse reflejado".

Concretamente, la coalición votará a favor de la ley después de acordar con el Gobierno español la cesión del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de Donostia, convertir el Fuerte de San Cristobal en lugar de memoria, declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas, extender el límite temporal de aplicación de la ley hasta finales de 1983 y constituir una Comisión independiente con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

Con el apoyo explícito de EH Bildu, la ley de memoria democrática cuenta con los votos necesarios para salir adelante por mayoría simple, ya que también están a favor otros socios parlamentarios como PNV, Más País o Compromís, mientras que ERC aún no ha cerrado un acuerdo, pero su postura no variará el resultado.

Así, la norma continúa su camino en el Congreso, donde sigue concitando el rechazo de PP, Vox y Ciudadanos. El próximo lunes, 4 de julio, será debatida en la Comisión Constitucional con la intención de que quede aprobada por el Pleno de Congreso la segunda semana del mes de julio para su remisión al Senado.

Aunque ERC y Junts, que se oponen al texto, se han abstenido este martes en la votación de las enmiendas transaccionales desde ambas fuerzas han informado a Europa Press de que nada les impide votar en contra del texto cuando llegue a la Comisión Constitucional.

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