La Ley de Memoria Democrática sigue su tramitación con el apoyo de PNV y EH Bildu

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado el proyecto de Ley de Memoria Democrática con los 19 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, PNV y EH Bildu y el "no" de PP, Vox y Ciudadanos. ERC ha optado por la abstención, pues, a pesar de los avances, sigue viendo insuficiente la ley.

El proyecto, una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobado por el Consejo de Ministros hace casi un año, pero el Gobierno de España paralizó el proceso al no ver suficientes apoyos en el Congreso, ya que ERC adelantó su rechazo inicial.

En junio, el proyecto se reactivó tras acuerdos entre el Gobierno y varios de sus apoyos en la investidura. A los 17 votos que suman PSOE y Unidas Podemos se han añadido los del PNV y EH Bildu, lo que ya les ha dado la mayoría absoluta en la comisión presidida por Patxi López.

El grueso de los acuerdos se alcanzó con la coalición soberanista. Pactaron ampliar el ámbito de actuación hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución. Eso permitirá reconocer como víctimas de violaciones de derechos humanos a quienes sufrieron torturas o la "guerra sucia" contra ETA hasta el primer año de gobierno de Felipe González.

Además, también acordaron con EH Bildu una comisión estatal independiente de carácter académico para "contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura". Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma "objetiva e imparcial".

En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia.

También han acordado la cesión del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de Donostia y convertir el Fuerte de San Cristobal en lugar de memoria.

Según EH Bildu, con el acuerdo, la coalición ha conseguido abrir nuevos cauces de reconocimiento, avanzar en la reparación y corregir algunas lagunas de la ley. "Nuestras enmiendas han mejorado el texto. Pero con su aprobación no finaliza la lucha por la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas", ha asegurado la diputada Bel Pozueta.

Con el PNV, el Gobierno selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que estén en poder de entidades públicas.

Además, el PSOE y Unidas Podemos cerraron otro acuerdo con Más País y el PDeCAT declara "ilegal" el régimen franquista y reconoce expresamente que "las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos" alumbraron la democracia.

PP, Vox, Ciudadanos y Carlos García Adanero, diputado de Navarra Suma en representación del Grupo Mixto, han votado en contra. Todos han reprochado a Pedro Sánchez que saque adelante la ley con "los herederos de los asesinos de ETA".

Finalmente, Esquerra Republicana y Junts se han decantado por la abstención, pues ven insuficiente las propuestas. "Un país que se las da de una democracia plena continúa sin juzgar crímenes del franquismo", ha dicho Carolina Telechea, portavoz de ERC.