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La reforma de ley mordaza retomará los trámites en el seno de la ponencia parlamentaria tras un año atascada

El Congreso ha convocado para el próximo miércoles la primera sesión de la ponencia encargada de la ley. Un grupo negociador, en el que participan PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV y JxCAT, lleva 12 meses intentado avanzar en los temas que más desacuerdo generan.
Una protesta contra la ley mordaza.
Una protesta contra la ley mordaza. Foto de archivo: EFE

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, comenzará su trámite de ponencia la próxima semana en el Congreso tras años paralizada desde que en 2017 el PNV propusiera su reforma y después de que el grupo negociador haya intentado avanzar con más de 30 reuniones de trabajo en el último año.

La norma ha provocado fricciones entre los socios del Gobierno español (PSOE y Unidas Podemos), que hace un año formalizaron un acuerdo para derogarla. En estos 12 últimos meses, estos dos grupos, junto con ERC, EH Bildu, PNV y JxCAT han intentado avanzar en la materia.

Precisamente, el Congreso de los Diputados ha convocado para el próximo miércoles, 21 de diciembre, la primera sesión de la ponencia encargada de esta ley. Según el PNV, ha conseguido cerrar "avances suficientes" para continuar con los trabajos formales. Sin embargo, fuentes parlamentarias han asegurado a EFE que los grupos negociadores de la reforma llegan a la ponencia "sin acuerdo" en los temas más sensibles y en los que siempre han supuesto un escollo desde el inicio de los trabajos de modificación de la norma.

Se trata del uso del material antidisturbios en las manifestaciones, el régimen sancionador para que sea más flexible para los convocantes en caso de que haya incidentes con los que no están relacionados, y las multas por falta de respeto a la autoridad.

El diputado jeltzale, Mikel Legarda, ha señalado en un comunicado que su formación ha perseguido siempre "buscar un equilibrio más garantista entre el binomio seguridad-derechos y libertades", y que en las negociaciones la prioridad ha sido "primar la interpretación más favorable a la plena efectividad de los derechos".

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