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Personas torturadas piden a los gobiernos compromiso e iniciativas firmes de reconocimiento y reparación

En un acto convocado por la Fundación Egiari Zor en Intxaurrondo, han recordado los de más de 5000 casos de tortura de Hegoalde y han denunciado que se han ocultado la responsabilidad y consecuencias de los mismos. Han pedido a los Gobiernos de Navarra y País Vasco iniciativas firmes de reparación.
Acto organizado por Egiari Zor, hoy, en Intxaurron. Xabier Urteaga | EITB MEDIA
Acto organizado por Egiari Zor, hoy, en Intxaurron. Xabier Urteaga | EITB MEDIA

"Las personas que comparecemos hoy aquí somos el testimonio vivo de quienes en diferentes momentos de nuestra historia reciente hemos sufrido la tortura en nuestra propia carne. Somos las torturadas y los torturados de Euskal Herria". Con carpetas azules en la mano, más de 200 personas que han sufrido torturas desde 1960 se han dado cita en la plaza Gabriel Zelaia de Intxaurrondo convocados por la Fundación Egiari Zor, en vísperas del Día Contra la Tortura, que se conmemora cada años el 13 de febrero. 

Han recordado que según el informe presentado recientemente por el Instituto Vasco de Criminología al Gobierno de Navarra, se han producido al menos 1068 casos de tortura en Navarra desde 1960, y, en la Comunidad Autónoma Vasca, según el informe realizado en 2017, fueron 4311 los casos de tortura que salieron a la luz en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa: 5379 casos de tortura, por tanto, según datos oficiales; "sin embargo, sabemos que no son todos", han explicado los portavoces Patxi Arratibel e Ixone Fernández. 

Según han señalado, "hablamos de una cifra terrible para un pueblo pequeño como el nuestro, lo cual indica que en Euskal Herria se ha torturado de forma masiva y sistemática. Pero la tortura es una realidad que va más allá de los números, la herida que reflejan los casos o las cifras es más profunda, y las consecuencias políticas, sociales, culturales y humanas todavía no se conocen en su totalidad". Según han añadido, "ha sido una práctica que se ha llevado adelante con total impunidad, con la colaboración de las fuerzas policiales, jueces, médicos forenses, políticos y medios de comunicación". 

Denuncian que, pese a que los informes de los gobiernos de Navarra y Lakua "lleven sello oficial", la vía para el reconocimiento y reparación de los torturados "adolece todavía de vacíos evidentes, de carencias demasiado dolorosas"; y han puesto como ejemplo la falta de desarrollo que ha tenido el informe en la CAV, "como si se tratara de una realidad que quieren invisibilizar metiéndola en un cajón", o el hecho de que el informe de Navarra correspondiente al periodo 1979-2015 "se haya retrasado varios años debido a los muchos obstáculos que ha habido para hacerlo público".

Ante ello, junto a la acusación de que se han "silenciado y ocultado las consecuencias y responsabilidades de la tortura", han pedido a los Gobiernos y responsables institucionales de Navarra y la CAV, que tengan en consideración estos casos de tortura y "compromisos y pasos sólidos para profundizar en el camino del reconocimiento y la reparación social, política e institucional" de las personas que han sido torturadas, además de que se desarrollen "mecanismos para establecer garantías de no repetición. Para poder conocer toda la dimensión que ha tenido la tortura en nuestro pueblo".

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