Constitución española: apenas dos cambios en algo más de cuatro décadas de historia

El Congreso de los Diputados ha iniciado los trámites para cambiar un artículo (el 49) de la Constitución española en un intento de hacer el texto más inclusivo: se pretende sustituir el término "disminuidos" por el de "personas con discapacidad". La reforma, de materializarse, sería la tercera que experimenta la Carta Magna en sus 45 años de historia.

Aunque los intentos de reforma han sido numerosos, un procedimiento nada flexible y las amplias mayorías exigidas hacen que solo haya dos antecedentes: el primero, en 1992 y un segundo en 2011. Se da la circunstancia de que los dos únicos cambios realizados se han dado bajo mandato socialista y ambos a instancias de la Unión Europea.

La primera reforma, dos palabras en el artículo 13.2

Corría el año 1992, la ciudad holandesa de Maastricht acogió la firma del Tratado de la Unión Europea, conocido después como el Tratado de Maastricht. La norma introducía el concepto de "ciudadanía europea", a quién reconocía ciertos derechos en los estados miembro. Entre otros, las personas residentes en el Estado español originarias de otros países comunitarios tenían derecho a votar y a ser votadas en las elecciones municipales.

Sin embargo, el artículo 13.2 de la Constitución española, tan solo reconocía el sufragio activo (los extranjeros comunitarios no podían ser candidatos), por lo que solo había que añadir las palabras "y pasivo" al texto.

La reforma, tramitada por el procedimiento ordinario, contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios tanto en el Congreso como en el Senado, y entró en vigor en agosto, ocho meses después de iniciarse los trámites.

La segunda, más polémica y discutida

Tuvieron que pasar casi dos décadas para que la Carta Magna fuera reformada por segunda vez. En 2011, durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, la modificación fue de más calado, y fue criticada por la oposición y los agentes sociales, y contestada en las calles.

El Estado español sufría, por aquel entonces, los embates de la grave y larga crisis económica de 2008. Ante la exigencia de Bruselas de asegurar el pago de la deuda contraída por los diferentes estados miembros, PSOE, PP y UPN pactaron reformar el artículo 135 de la Constitución. El objetivo era priorizar ese pago en los presupuestos frente a otras partidas.

El resto de grupos presentaron más de una veintena de enmiendas, que fueron rechazadas. La reforma "express", tramitada en pleno agosto, entró en vigor en un mes.

Dos vías para la reforma

El contexto en el que se redactó la Carta Magna, tras 40 años de dictadura, ha condicionado su poca flexibilidad a la hora de reformarse. La norma cita expresamente que no puede modificarse en contexto de guerra o bajo los estados de alarma o de excepción.

A partir de ahí, las reformas han de contar con un amplio consenso, con mayorías de 2/3 o 3/5 de las dos Cámaras, según el caso.

Se establece dos vías de reforma, dependiendo del tipo de cambios que se quieren realizar: la ordinaria, para modificaciones mínimas o parciales. La otra, denominada de "procedimiento agravado", está reservada para reformas que supongan una revisión total o que afecten a cuestiones fundamentales. Es decir, aquellas que toquen la unidad de la nación, sus lenguas oficiales, los derechos fundamentales o la propia Corona. En ambos casos, la Constitución recoge que el cambio puede ser sometido a referéndum, siendo obligatoria en el caso del procedimiento agravado .

España, a la cola en reformas constitucionales en Europa

Estas dos únicas modificaciones hacen que el Estado español sea uno de los países europeos menos proclives a la reforma. Alemania, con 70 reformas realizadas desde 1949, o Austria, con una de las constituciones más antiguas de Europa y 55 cambios, lideran el ranking. En el otro extremo, España solo es superada por Rumanía, que tan solo ha hecho un cambio desde su aprobación (1949).