Amnistía Internacional denuncia la opacidad en España en casos como los de Pegasus, Melilla y las residencias
Amnistía Internacional ha denunciado este miércoles la falta de justificaciones por las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado español. Lo ha hecho en su informe anual "La situación de los derechos humanos en el mundo", en el que analiza la situación de los derechos humanos en 155 países, entre ellos, España.
El director de la organización en España, Esteban Beltrán, ha expresado su profunda preocupación por la falta de voluntad política para abrir investigaciones independientes y efectivas sobre graves violaciones de derechos humanos, como las ocurridas durante la pandemia de COVID-19 en varias residencias, tras el salto de la valla de Melilla en 2022 y los abusos policiales a la hora de reprimir algunas manifestaciones. "La impunidad ante estos hechos no sólo vulnera los derechos de las víctimas, sino que también envía un mensaje desalentador a la sociedad, perpetuando la falta de rendición de cuentas del Estado y que las víctimas no obtengan justicia y reparación", ha lamentado.
Beltrán también ha señalado su preocupación por la falta de avances en la investigación para aclarar responsabilidades sobre los casos relacionados con el uso del programa Pegasus, con el que se espió a al menos 65 periodistas, figuras políticas y miembros destacados de la sociedad catalana; o sobre quién espió con esa misma tecnología al presidente del Gobierno y varios ministros.
En ese sentido, ha lamentado que la lentitud en procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos, "o que no se inicien siquiera", contribuye significativamente a la impunidad y erosionan el Estado de Derecho.
Asimismo, denuncia que la Ley de Secretos Oficiales de 1968, "un vestigio del pasado franquista", obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia en casos de violaciones de derechos humanos, amparando la opacidad y dificultando la rendición de cuentas. Por ello, asegura que reformarla sería "un buen punto de partida" para demostrar un "compromiso real" con los derechos humanos.
Aunque haya habido avances legislativos en esta materia durante la legislatura anterior, como la lucha contra la violencia sexual o el reconocimiento de los derechos de las personas trans, la organización advierte que estos logros podrían quedar en papel mojado si no se implementan medidas concretas para garantizar su implementación de manera efectiva.
El informe señala, además, que la desigualdad en la implementación de estas leyes en distintas comunidades autónomas genera brechas en la protección de los derechos humanos: "Mientras que en algunas comunidades se avanza en la aplicación de las medidas necesarias, en otras se observa una negativa a impulsarlas o incluso se aprueban leyes autonómicas que contradicen los avances logrados a nivel nacional".
En este contexto, Beltrán ha hecho un llamamiento a todas las autoridades españolas, tanto estatales como autonómicas, para que aseguren la implementación de las leyes que protegen los derechos humanos. "La falta de acción en este sentido podría convertir estos avances legislativos en meras declaraciones de intenciones sin impacto real en la vida de las personas".
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